La intervención del presidente Gustavo Petro en la que insultó públicamente al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, no puede verse como un simple exabrupto verbal. Detrás del lenguaje grosero, se esconde un fenómeno mucho más grave: la deslegitimación sistemática de quienes, en legítimo ejercicio de sus funciones, toman decisiones que al mandatario no le gustan.

Este comportamiento erosiona la convivencia democrática y siembra la peligrosa idea de que cualquier oposición legítima es un acto de traición.

La preocupación no es nueva. Petro ha desconocido y atacado repetidamente a cortes, magistrados, congresistas y otros órganos de control cuando sus fallos o decisiones no le son favorables.

Al calificar de “golpes de Estado” los actos que contrarían su voluntad, el presidente desconoce los principios básicos de la democracia: el respeto por los otros poderes y la aceptación de los contrapesos institucionales.

Un jefe de Estado debe actuar como garante de la paz y del respeto mutuo, no como agitador de tensiones.

El lenguaje grosero es la derrota de la razón, y cuando quien debe encabezar el respeto entre los colombianos opta por la descalificación y el insulto, abre la puerta a un clima de polarización, de hostilidad y de ruptura del diálogo democrático.

Es aún más preocupante cuando esta actitud parece no ser espontánea, sino parte de una estrategia calculada para agitar a su base política, especialmente en momentos críticos como el intento de impulsar una consulta popular que enfrenta resistencias legítimas en el Congreso.

¿Acaso el verdadero objetivo es provocar un ambiente de estallido social si no se aprueba la consulta? El precedente de 2021 debería advertirnos del enorme peligro que implica usar el resentimiento social como plataforma electoral.

Colombia no necesita más división ni más confrontación. Necesita líderes que entiendan que la democracia se construye en el debate respetuoso, en la diferencia aceptada, y no en la imposición de una sola voz.

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