Ojalá el anuncio de cese de actividades  hecho por un grupo de fiscales de Cali no sea el presagio del regreso de la protesta que durante un mes paralizó el ya lento sistema judicial colombiano.

Durante el paro, que se levantó esta semana, y que duró 28 días en unas ciudades y 30 en otras, como Cali, se dejaron de atender 121.712 asuntos judiciales y el Estado perdió un aproximado de $60.659 millones. Estas cifras hablan por sí solas y evidencian que un nuevo cese de actividades en la rama sería muy grave para el país.

Si bien los trabajadores del sector judicial tienen derecho al paro y a la movilización, deberían tratar de buscar acuerdos con el Gobierno Nacional sin llegar al dañino extremo del cese de actividades, y a su vez el Ministerio de Justicia debería reaccionar de manera temprana y adelantarse a este conato de protesta para evitar una nueva parálisis.

Ahora bien, así como los trabajadores judiciales tienen derecho a la protesta, el Estado colombiano no tiene porqué pagarles un servicio no prestado y, por lo tanto, a aquellos que durante casi un mes no cumplieron con sus funciones, así como a quienes decidan volver al paro, no se les debería cancelar el sueldo correspondiente a los días no laborados.

Es cierto que la nivelación salarial que reclaman los trabajadores de la justicia es legal, pero la larga protesta que adelantaron para reclamar su cumplimiento mostró total desconsideración con los cientos de miles de colombianos afectados con el paro, es como si hubieran olvidado que prestan un servicio esencial en un país donde la justicia es esencial, tanto que es necesario recurrir a ella hasta para acceder a un derecho fundamental como la atención de salud.

Revivir el paro judicial sería tan perjudicial para los trabajadores de la rama como para los colombianos que se quedarían sin acceso a la justicia, pues contribuiría a aumentar el descrédito del sector.

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