El Gobierno no puede subestimar la opinión de los colombianos ni tratar de silenciarla cuando no le favorece.

Tras la masacre de once soldados perpetrada la semana pasada en Buenos Aires, Cauca,  por guerrilleros de las Farc, el Gobierno Nacional ha dado sorprendentes y preocupantes señales de totalitarismo al tratar de silenciar manifestaciones ciudadanas en contra de tan abominable hecho.

Contrario a endurecer su postura contra la guerrilla, el Gobierno se ha mostrado duro con quienes se han solidarizado con la Fuerza Pública: primero, echaron de las casas fiscales del Batallón Pichinca, en Cali, a los familiares de militares que protestaron por la masacre; luego mandaron a recoger las flores que cientos de ciudadanos dejaron frente a la Tercera Brigada como homenaje a los uniformados asesinados, y, como si fuera poco, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, mandó a callar a quienes silbaron y abuchearon al presidente Juan Manuel Santos el domingo en Bogotá.

Aunque se haya echado para atrás la decisión de sacar a los civiles de las casas fiscales y hayan vuelto a dejar las flores en el andén del cantón militar de Nápoles, preocupa que el Gobierno Nacional condene cualquier manifestación que tenga relación con el proceso de paz.

El Presidente  de la República, aunque ocupe la más alta diginidad del Estado, no puede olvidar que es un funcionario público, que tiene un mandato conferido  por el pueblo y que ese pueblo tiene todo el derecho a reclamarle cuando considere que está haciendo las cosas mal.

Las rechiflas y los abucheos del domingo son un reclamo legítimo de los colombianos, y si en el Gobierno Nacional no quieren más manifestaciones de este tipo, deben escuchar el clamor ciudadano y replantear las negociaciones de La Habana.

El mensaje, claro, también es para las Farc: que los colombianos poco participen en temas públicos no quiere decir que sean tan pasivos como para soportar todo tipo de abusos. El pueblo está cansado.

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