La masacre de Siloé es la confirmación del crecimiento del problema de la violencia en nuestro país. Este tipo de crímenes, que por mucho tiempo fueron vistos con indiferencia por la opinión pública, pues se presentaban en apartadas zonas rurales, llegaron a los centros urbanos, pues la disputa territorial que antes se daba sólo en las zonas cocaleras, ahora se da también en las ciudades, donde el crimen compite a sangre y fuego por el control de los puntos de expendio de la droga.

El microtráfico no es un asunto menor, es un macroproblema, pues hace parte de toda una cadena criminal que se ha fortalecido a medida que la producción de cocaína y el consumo interno de la misma han aumentado.

Si bien los móviles de la masacre de Siloé, que dejó cinco personas muertas y otras dos heridas, son aún objeto de investigación, el modus operandi indica que hay una gran organización criminal detrás, lo que debe llevar a las autoridades a tomar las medidas necesarias para evitar que hechos como éste se repitan en la ciudad, algo realmente complejo, pues no se trata de un problema local, sino de un fenómeno nacional que viene en crecimiento, mientras el nuevo gobierno, por su inacción, parece no inmutarse.

Hasta el 6 de agosto, cuando terminó el gobierno de Iván Duque, se habían registrado 61 masacres en los primeros siete meses del año, un promedio, de 8,7 por mes, y en lo corrido del gobierno de Gustavo Petro, que lleva 57 días de mandato, van 22 matanzas, un promedio mensual de 11.4.

Si bien las causas estructurales de este fenómeno no surgieron en este gobierno ni en el anterior, preocupa que, al mismo tiempo que los criminales arremeten cada vez con más violencia fuerza, la inactividad de la Fuerza Pública, guiada por la denominada “política de seguridad humana” les ha despejado el camino. Si el presidente Gustavo Petro no toma las riendas de la seguridad, el país quedará en manos del crimen.

Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

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