Lo que ocurre con las ambulancias es solo otro síntoma de la crisis de la salud.

La guerra del centavo que libran las ambulancias en las calles de Cali no tiene antecedentes. Los equipos de paramédicos se disputan (en algunos casos a golpes) la atención de los heridos en accidentes de tránsito. Todo porque hay clínicas que les pagan incentivos por el direccionamiento de pacientes cubiertos por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, Soat. La prisa por llegar primero al lugar de los hechos ha incrementado los accidentes y las faltas al código nacional de tránsito por parte de los vehículos de primeros axilios.

El afán de la comisión, que puede ser hasta de $700 mil, dependiendo de la complejidad del herido, hace que los paramédicos, aunque tengan una clínica cerca, prefieran atravesar la ciudad para llevar al paciente hasta el centro asistencial en el que les aseguran el incentivo monetario. Garantizar la atención oportuna de una persona, de lo cual puede depender su vida, pasa a un segundo plano.

Aquí hay un debate ético profundo que involucra, no sólo a los conductores de las ambulancias, sino también a los paramédicos y a los dueños de las clínicas. Una práctica reprocable e indignante.

Pero más allá de este dilema, de fondo, la guerra de las ambulancias es otro síntoma de la grave crisis del sistema de salud colombiano. Las clínicas prefieren atender pacientes cubiertos por el Soat porque el pago por parte de las aseguradoras es puntual, lo que no ocurre con los remitidos por las EPS.

Así, muchas instituciones prestadoras de salud prefieren eliminar servicios que les resultan demasiado costosos y con pagos inciertos, como está ocurriendo con las áreas de oncología y las de maternidad.
Si el sistema de salud sigue forzado a virar hacia el rebusque, la atención de los colombianos terminará reducida a lo transaccional.

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