La Corte Suprema de Justicia ratificó la semana pasada la condena a 18 meses de prisión y la multa con 9,5 millones de pesos por injuria y calumnia a un internauta por un comentario ofensivo.

La Corte ratificó la condena argumentando que se debe castigar de manera ejemplar a quienes, usando la amplia difusión que tienen los medios y las redes sociales, buscan provocar “un daño en la honra de la persona”. Sin duda, en Colombia ha hecho camino la tendencia de usar los medios digitales para agraviar sin fundamento a las personas. Las redes sociales se han convertido en escenario de acusaciones y en vitrina de los peores insultos. El fallo de la Corte no puede verse como una cortapisa al derecho a la expresión sino como un recordatorio a quienes opinan su deber de hacerlo respetando el buen nombre de las personas y ajustándose a los cánones éticos que siempre han regido el ejercicio responsable del periodismo.

En nombre de la libertad de expresión no se puede caer en los excesos y en el contexto de los medios digitales, donde opinar ya no es un privilegio de unos pocos sino una opción de todos, es importante que se tengan claros los límites entre los derechos y los deberes. Los medios de comunicación velamos por la calidad, idoneidad y legalidad de los textos bajo la autoría de los periodistas o columnistas directos. Sin embargo, resulta imposible filtrar los comentarios en línea que los lectores dejan a través de las páginas web o de las redes sociales. En ese sentido, es muy importante que los ciudadanos sepan la responsabilidad que les cobija y las consecuencias legales que puede traer expresar un juicio.

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