Convocar a los ciudadanos a que se movilicen para presionar la aprobación de las reformas presentadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro es una gran irresponsabilidad, que puede conducir, por un lado, a que choquen en las calles quienes apoyan a ojo cerrado estas iniciativas con quienes las cuestionan, y, por el otro, a que temas tan sensibles como la transformación del sistema de salud, del pensional y del laboral se aprueben a pupitrazo sin analizar en profundidad su conveniencia.

Las reformas deben analizarse y debatirse a partir de los datos, las cifras y los argumentos, y no al calor de las emociones ideológicas.

El Congreso de la República no puede ser reemplazado por la calle, y si bien los ciudadanos tienen derecho a manifestar su respaldo u oposición a las iniciativas, los debates no pueden ser sustituidos por las marchas, pues en los primeros se argumenta y se contraargumenta, mientras que en las segundas únicamente se gritan arengas.

Si bien desde la campaña el actual gobierno dio señales de su intención de estatizar la salud, es decir, acabar con las EPS para volver a un sistema totalmente público, hasta el momento ni el presidente Gustavo Petro ni la ministra Carolina Corcho han dado detalles de la reforma y, por lo tanto, no es serio ni responsable que llamen a sus seguidores a defender el proyecto a ciegas.

Una decisión tan trascendental como eliminar o transformar las EPS debe ser producto de estudios serios y de consensos que involucren las opiniones ciudadanas, claro, pero también las visiones de la comunidad científica, de la academia, de las agremiaciones de la salud, de los defensores de los pacientes y, desde luego, tiene que consultar la realidad financiera del sistema. Necesitamos debates con cabeza fría.

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