La salud en Colombia atraviesa una crisis financiera profunda, agravada por factores como el exceso de siniestralidad post-pandemia, la inflación y la incertidumbre generada por la agenda reformista en el Congreso. Esta situación pone en riesgo el derecho fundamental a la salud, consagrado en la Ley Estatutaria 1751 de 2015.

En una carta reciente al presidente Gustavo Petro, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, expuso la crítica situación de la salud en la ciudad, advirtiendo que el servicio podría colapsar en semanas si no se realizan los pagos necesarios.

La deuda con la red pública hospitalaria de Cali asciende a más de 63 mil millones de pesos, siendo la EPS Emssanar la principal deudora. Esta deuda afecta principalmente a la población más vulnerable, cuyos servicios de salud no han sido reconocidos en términos reales, impactando su calidad y oportunidad.

Un panorama igual de preocupante describió en el Valle del Cauca la gobernadora Dilian Francisca Toro.
La situación con la red prestadora privada es igualmente alarmante.

La deuda supera el billón de pesos y ha llevado a instituciones privadas a alertar sobre su incapacidad para continuar operando con un giro del 80% de la facturación sin instrumentos ciertos de conciliación y pago del 20% restante.

Como si todo esto fuera poco, en Cali y el Valle hay una presión adicional sobre la red de salud debido al brote de dengue, catalogado como el más severo en la historia de las Américas por la OPS, y la próxima realización de la COP16, que requiere un sistema de salud robusto y preparado para cualquier evento masivo.

El Gobierno Nacional debe adoptar medidas urgentes para aumentar la financiación del sistema de salud y garantizar el pago de las deudas hospitalarias.

La vida, la dignidad y la salud de los colombianos están en juego. Hay que tomar acciones inmediatas para evitar un colapso.

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