El sistema de salud en Colombia se encuentra en un estado de deterioro preocupante, y la situación en Buenaventura es solo una muestra de ello.

La decisión de la Nueva EPS de trasladar su único dispensario a Dagua, un municipio que está a más de una hora de distancia, es un golpe directo a los más vulnerables.

La afectación es evidente: más de 2.000 usuarios en Buenaventura, muchos de ellos sin recursos para costear el transporte, se ven ahora en la disyuntiva de elegir entre su salud o el gasto de un viaje intermunicipal que en muchos casos resulta más costoso que los propios medicamentos.

El gobierno nacional, que tiene intervenida la Nueva EPS, no puede seguir lavándose las manos.

Esta situación es una muestra clara de lo que pasaría si el modelo de salud fuera completamente estatizado, como lo pretende el presidente Gustavo Petro a través de su fallida reforma.

Resulta irónico que un gobierno que en campaña se autodenominó el más social y que promovió la idea de una “Colombia Humana” esté tomando decisiones que claramente van en contra de los ciudadanos.

Lo que estamos viendo es la progresiva destrucción de un sistema que, aunque imperfecto, al menos garantizaba un acceso más digno a los servicios de salud.

Ahora, con la ineficiencia del modelo estatal y la falta de soluciones reales, lo único que se multiplica es el sufrimiento de los pacientes y el caos en el sector.

Las vidas que están en riesgo por la desatención en salud no pueden seguir siendo una simple estadística.

Es hora de que el gobierno nacional asuma su responsabilidad y deje de señalar a las EPS como los únicos culpables, cuando es evidente que las entidades intervenidas, manejadas directamente por el Estado, son las que presentan los mayores problemas.

La salud de los colombianos no puede seguir en manos de la improvisación y la falta de planificación.

Comments