¿Quién persigue a quién: la Fiscalía a los investigados o al revés?

De un tiempo para acá se ha vuelto común escuchar que políticos investigados se declaren víctimas de persecución por parte del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

Ciertos o falsos, estos señalamientos, que también podrían ser cortinas de humo lanzadas por los investigados, se dan de manera paralela al escándalo por el llamado “cartel de la toga”, lo que aumenta el desprestigio del sistema judicial.

Los vínculos entre justicia y política no son nuevos ni algo exclusivo de la Fiscalía, el sistema judicial colombiano está concebido de una manera perversa, como todo el Estado, en la que la independencia entre los poderes públicos no es más que un ideal distante de la realidad.

Con estos antecedentes y en la coyuntura actual, el Fiscal tiene un gran reto: obrar de manera independiente, pese a sus vínculos políticos, pues es la única forma de desvirtuar los señalamientos que se hacen en su contra, de procurar justicia y de devolverle a los colombianos la credibilidad en el ente investigador.

No se trata de no investigar a los políticos contrarios, sino de llegar a la verdad en cada caso, para que las decisiones de absolución o de imputación se basen estrictamente en el material probatorio, sin que medie ningún otro factor.

Colombia necesita una justicia fuerte y transparente, independiente de los demás poderes y, en ese sentido, es urgente adelantar una reforma estructural al sistema que evite la intervención del poder ejecutivo y del poder judicial en la escogencia de quienes investigan y juzgan, para impedir cualquier sesgo político.

La gran pregunta es si quienes están facultados para adelantar esa reforma, están interesados en hacerla, pues todo tal y como funciona hoy hace parte de un entramado de poder.

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