Además de la creciente preocupación ambiental, detrás de los incendios forestales se esconde una serie de amenazas latentes.

En prácticamente todos los eventos de fuego que han asolado los cerros de Cali, la conclusión se mantiene constante: la mano de actores criminales está presente.

Estas conflagraciones son orquestadas por individuos que aprovechan los periodos de sequía para encender llamas con la intención de despejar terrenos que planean invadir ilegalmente.

Más allá del desastre ecológico que implica la devastación de vastas extensiones de vegetación, los incendios intencionados representan otra amenaza de gran envergadura que la ciudad de Cali debe enfrentar: el descontrolado crecimiento urbano.

En gran parte, los problemas urbanos que aquejan a la capital del Valle del Cauca, como su aguda carencia de infraestructura vial, encuentran sus raíces en la permisividad de las autoridades durante las últimas cuatro décadas hacia los invasores de tierras.

Terrenos que podrían haber sido desarrollados de manera planificada y técnica en las zonas orientales y en las empinadas laderas, en su lugar, han sido ocupados de manera irregular, socavando la propiedad privada y desestimando por completo los principios de desarrollo urbano y las normativas técnicas de construcción.

Lo más alarmante es que este preocupante fenómeno que tanto daño ha causado a Cali no muestra signos de detenerse.

Un simple recorrido por la carretera que lleva al mar basta para constatar cómo los invasores de tierras continúan avanzando en la ocupación ilegal de áreas periféricas de la ciudad, que sigue expandiéndose sin que se tomen medidas efectivas para frenarlo.

Hay que cuidar los cerros, por el invaluable patrimonio ambiental que representan y se debe procurar que las áreas de expansión que aún le quedan a la capital del Valle sean desarrolladas de forma legal y conforme a los estándares técnicos.

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