El bloqueo violento e ilegal al Palacio de Justicia que se dio este jueves en Bogotá no solo afectó el derecho a la libertad de locomoción, sino que también puso en peligro la integridad de magistrados, empleados y demás ocupantes de la sede judicial. Se trata, sin duda, de un episodio que golpea la esencia de nuestra democracia, pues la Corte Suprema de Justicia se vio sometida a un asedio por manifestantes afines al gobierno del presidente Gustavo Petro, durante la votación para la elección de la nueva Fiscal General de la Nación, algo que, lejos de ser una muestra legítima de descontento, constituye un ataque directo a la independencia de los poderes públicos.

Es fundamental recordar que en un Estado de derecho como el colombiano, la función judicial está sometida únicamente al imperio de la ley. La democracia se ve amenazada cuando cualquier sector o actor pretende presionar decisiones judiciales, ya sea políticamente, físicamente o moralmente, y eso es lo que ha venido ocurriendo con el proceso de elección del fiscal general de la Nación.

Por lo anterior, la sociedad civil, las instituciones democráticas y las fuerzas vivas del país deben rodear a la Corte Suprema de Justicia, con firmeza, y exigirle al gobierno nacional que garantice las condiciones necesarias para que los magistrados cumplan con el ejercicio de sus competencias, libres de presiones y amenazas.

Es necesario que el presidente Petro, a pesar de negar su involucramiento en el matoneo a la Corte, envíe claras señales de respeto a la independencia de los poderes, pues deslegitimar el poder judicial a través de mensajes reiterativos no contribuye a fortalecer nuestra democracia ni a preservar la confianza ciudadana en las instituciones, por el contrario, la resquebraja.

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