El derecho a la protesta de las comunidades indígenas no puede convertirse en licencia para paralizar el sur del país.

Qué sería de Colombia si cada ciudadano decidiera bloquear una vía y quemar vehículos cada vez que tuviera que reclamarle al Estado por un derecho vulnerado o una promesa incumplida? El país viviría taponado y en llamas.

Esta pregunta surge ante el nuevo bloqueo de la carretera Panamericana, entre Cali y Popayán, que se presentó hace un par de días por parte de miembros de las comunidades étnicas del Cauca que alegan incumplimiento del Gobierno Nacional en el programa de alimentación escolar.

El taponamiento de la vía se dio tan solo dos meses después de dos largas semanas de protesta, entre octubre y noviembre del año pasado, en las que los indígenas impidieron el paso hacia el sur del país como protesta por pendientes de vieja data que no les habían resuelto desde Bogotá.

No se trata de pedir resignación ante los incumplimientos de la Nación, si las comunidades indígenas sienten vulnerado un derecho, es legítimo reclamarlo, pero lo que resulta injustificable e inadmisible es que lo hagan perjudicando a miles de personas que necesitan movilizarse por la carretera Panamericana.

Las protestas del año pasado ocasionaron desabastecimiento en Popayán, donde viven casi 300 mil personas e impidieron el transporte de pasajeros y de carga por vía terrestre hacia el sur del país y Ecuador, con graves perjuicios para la economía colombiana.

Aquí el Gobierno Nacional tiene dos grandes retos: el primero es prometer solo aquello que puede cumplir y, efectivamente, cumplirlo, para no propiciar este tipo de exarcerbamientos, y, segundo, no validar los bloqueos como mecanismos de protesta, pues si así lo sigue haciendo, este tipo de acciones serán cada vez más frecuentes no solo en el Cauca, si no que se multiplicarán donde haya comunidades insatisfechas.

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