El presidente Gustavo Petro, ante el inminente proceso que deberá enfrentar por la presunta violación de los topes de financiación de su campaña, optó por una peligrosa estrategia de descalificación y victimización.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), la campaña del mandatario sobrepasó los límites establecidos por $5.300 millones y, además, recibió aportes de personas jurídicas, lo que es ilegal.

En lugar de enfrentar con argumentos legales esta situación, el presidente ha recurrido a lanzar acusaciones y desacreditar a las instituciones encargadas de investigarlo.

El CNE, cuya competencia para investigar la financiación de las campañas está claramente establecida en la ley, ha sido objeto de ataques injustificadas por parte del mandatario, quien sugiere que este órgano está manipulado por intereses oscuros. Petro, como cualquier ciudadano, tiene derecho a defenderse. Sin embargo, debe hacerlo dentro del marco institucional.

Es aún más preocupante que Petro también haya cuestionado la legitimidad de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, argumentando que sus miembros son de corrientes políticas distintas a la suya.

En democracia, los órganos de control no deben estar compuestos por aliados del investigado; deben ser independientes y cumplir con su labor sin temor a represalias.

El llamado al “pueblo” que hace el presidente, y su advertencia sobre un “huracán” que podría desatarse, son irresponsables. Este tipo de discurso populista y de confrontación directa con las instituciones amenaza la estabilidad democrática del país.

¿Qué ocurriría si Petro no acepta un fallo que le sea adverso? Su negativa a respetar los fallos sentaría un peligroso precedente, pues prácticamente lo convertiría en un dictador.

El presidente debe recordar que él representa uno de los poderes del Estado, no al Estado mismo.

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