Hay que preguntarse cuál es el efecto de un proceso de estos para la ciudad.

Antes de hacer cualquier consideración sobre un proceso de revocatoria del mandato, debe tenerse claro que es una herramienta constitucional de control ciudadano y, por lo tanto, es válida. Eso no se puede cuestionar. Sin embargo, que esté consagrada en la carta magna como un instrumento de control ciudadano, lo que la hace legal, no quiere decir que su aplicación sea siempre conveniente para el ente territorial en el que se promueve.

Esta reflexión viene a colación a raíz de la inscripción del comité que promueve la revocatoria del alcalde de Cali, Maurice Armitage, hecho a propósito del cual vale la pena preguntarse cuál será el efecto de este proceso para la ciudad.

Más allá de entrar en una discusión sobre las razones para promover una revocatoria, que deben ser objetivas y basadas en el nivel de cumplimiento del programa de gobierno y el plan de desarrollo, y no a partir de motivaciones emocionales o intereses políticos, hay que analizar qué pasa en una ciudad en la que se inicia un proceso de revocatoria, pues en todos los casos que se han adelantado en el país, ninguno con éxito hasta el momento, el gobernante en cuestión y todo el equipo de gobierno se han dedicado a su defensa, dejando las labores de la administración en un segundo plano; esto sin contar la inestabilidad y el descrédito institucional que se generan, pues se crea un clima de ingobernabilidad.

Por eso es necesario que se establezca como requisito para iniciar un proceso de estos la demostración cuantificada del incumplimiento del gobernante en cuestión y, yendo más allá, que se establezca la segunda vuelta electoral para alcaldes y gobernadores para garantizar que se elijan mandatarios con respaldos amplios y así evitar que tan solo un año después de posesionados los quieran sacar del cargo.

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