El nuevo ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, tiene, sin duda, la trayectoria y la experiencia necesarias para ocupar el cargo. Sin embargo, los problemas del ramo son tan complejos que por amplios que sean su experiencia y conocimiento, el exfiscal y exprocurador difícilmente podrá resolverlos en los once meses que le quedan a este gobierno.

El sistema judicial colombiano es inoperante; de los tres poderes públicos es el que peor funciona, pues además de sus propios males, de los cuales la corrupción y la politización son los mayores, se ve afectado por las equivocadas decisiones de los otros dos. El legislativo, que “soluciona” todos los problemas con leyes que crean más penas y aumentan las existentes, es el gran responsable de la congestión judicial y la congestión carcelaria, agravadas ambas por la falta de recursos que debe proporcionar el ejecutivo. Todo lo anterior aumenta las condiciones que propician la impunidad.

Al tratarse la crisis de la justicia, como se ve, de un problema estructural, no es un asunto que dependa del ministro del ramo; quien ocupe el cargo, sea quien sea, no será más que un administrador del caos y no podrá hacer ningún cambio profundo mientras no haya un acuerdo entre los tres poderes para hacer una reforma judicial estructural, basada en la prevención del delito, la reducción de la impunidad y en la despolitización del sistema.

El reto de la justicia en Colombia es de largo plazo, es tal el cúmulo de problemas y vicios del aparato, que es necesario repensar el sistema para blindarlo, pero lamentablemente el mismo Estado, o, mejor, quienes mueven el Estado, se encargan de dilatar y evitar este cambio.

La justicia es el más fiel reflejo del desorden del Estado, por eso, por bueno que sea el perfil del nuevo Ministro de Justicia, no se puede ser muy optimista.

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