Lo que está ocurriendo en Nicaragua es el ejemplo del camino que un país no puede tomar.

Daniel Ortega, que había sido presidente entre 1979 y 1990, regresó a la Presidencia en 2007 y emprendió una serie de reformas para atornillarse en el poder.

Con mano dura contra la oposición y una política populista financiada por el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez, el gobernante nicaragüense no solo logró reelegirse, sino también acumular cada vez más y más poder, al punto que en su última reelección, en 2016, su esposa, Rosario Murillo, fue elegida vicepresidenta.

Con la muerte de Chávez y la crisis venezolana, Ortega dejó de recibir los auxilios del país bolivariano, que le entregó al menos cuatro mil millones de dólares, entonces se vio la realidad de Nicaragua; después de once años de despilfarro, el gobierno hizo drásticos cambios en el régimen pensional, lo que despertó las protestas que han sido contrarrestadas de manera brutal.

Pese a las 34 personas que han muerto por cuenta de la represión del gobierno sandinista, los nicaragüenses insisten en la salida de Daniel Ortega del poder.

Al igual que ocurre con el régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, la comunidad internacional no puede ser indiferente ante lo que está ocurriendo en Nicaragua, si el mundo democrático no actúa, estos dos países latinoamericanos se constituirán en dictaduras eternas, como la de Cuba, algo inadmisible a estas alturas de la civilización y de la globalización.

Es claro que los nicaragüenses y los venezolanos son prisioneros de regímenes que los controlan por medio del hambre y el miedo.

Mientras tanto, los colombianos, a punto de ir a elecciones, deben cuidarse de elegir a un candidato que pueda reeditar aquí las tragedias que viven estos países hermanos.

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