Se equivoca el senador Gustavo Petro cuando califica como “presos políticos” a quienes fueron detenidos por actos de vandalismo cometidos durante el paro nacional. Además de distorsionar la realidad, pues se trata de delitos comunes, con estas declaraciones el candidato presidencial legitima la violencia como medio protesta, algo que Colombia ni puede ni debe aceptar, pues equivaldría a abrir una puerta muy peligrosa.

La mayoría de los 165 capturados por hechos de violencia y vandalismo durante el paro tienen que ver con ataques contra edificios públicos, como el Palacio de Justicia de Tuluá y la Alcaldía de Jamundí, o como la destrucción de 13 estaciones y 16 buses del MIO que fueron incendiados, sin contar otros 39 vehículos y 35 paradas que fueron vandalizadas, e incluso algunos de ellos serían los responsables de la tortura y el asesinato de un policía en Cali.

Darle el calificativo de delitos políticos a hechos tan graves equivaldría a emitir una licencia para que se destruya, se agreda, se dañe y se mate en nombre del derecho a la protesta, pero, además, equivaldría a normalizar la infiltración de las manifestaciones por parte de todo tipo de ilegalidad, pues está comprobado, por lo menos en el caso de Cali, que varios actores ilegales, desde el narcotráfico, hasta el ELN y las disidencias de las Farc, alentaron y financiaron los desmanes.

Las irresponsables declaraciones del senador Petro, además, afectan la protesta pacífica, pues la pone en el mismo nivel de la violenta, cuando lo que se requiere es que el país diferencie muy bien entre la primera, que debe protegerse y garantizarse, y la segunda, que es dañina y debe castigarse.

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