Casos como el de la muerte del grafitero Diego Felipe Becerra; los excesos que algunos miembros del Smad cometieron contra manifestantes del paro agrario, el operativo que dejó seis personas muertas en un “amanecedero” en Bogotá el pasado fin de semana o el caso de un uniformado que apuñaló a un menor de edad en Cartagena, abrieron un debate nacional sobre los abusos de poder cometidos por miembros de la Policía.

Si bien cada uno de estos casos, y todos aquellos en los que un representante de esta institución exceda sus facultades y viole los derechos de un ciudadano deben condenarse, hay que cuidarse de no caer en una peligrosa generalización, pues no son delitos cometidos por la Policía, sino por miembros de ella.

De allí que sea tan importante que la misma Policía sea implacable con aquellos uniformados que abusen del poder, pues aunque se trate de acciones individuales, por ser delitos cometidos con el uniforme o en situaciones relacionadas con el servicio, afectan la imagen de la institución.

Además de sanciones institucionales ejemplares, que deben ir acompañadas de castigos judiciales, la política de depuración debe ser una constante en la Fuerza Pública para evitar que este tipo de situaciones se presenten, pues cuando ocurren con la frecuencia registrada en el último mes se crea una sensación de desconfianza producto de una percepción de irregularidades desbordada.

En un país que tiene casi 150 mil policías, son más las historias diarias de cumplimiento del deber que los casos de abuso del poder, por eso no se debe satanizar la institución, pero sí hay que exigir mano dura y cooperar en la denuncia e identificación de aquellos miembros que no merezcan llevar el uniforme.

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