Cali, octubre 13 de 2024. Actualizado: sábado, octubre 12, 2024 02:06

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Réplica del senador Carlos Fernando Motoa

De la experiencia y la autoridad a las excusas y las evasivas

Por Carlos Fernando Motoa, senador de la República

Recientemente el Diario de Occidente controvirtió el debate que realicé en el Senado por la grave crisis de seguridad y orden público que enfrenta el Valle del Cauca argumentando falta de competencia para citar autoridades locales y la politización de un problema más por rencillas personales que por preocupaciones genuinas.

El control político se realizó en ejercicio legítimo de mis funciones congresionales extensivas a la autoridad departamental, de acuerdo con los pronunciamientos de la propia Corte Constitucional en autos 80 de 1998, 330 de 2008, 103 de 2010 y 543 de 2016, por tratar un asunto del ámbito regional que por su gravedad trascendió al nacional.

Fue aprobado por unanimidad de los partidos políticos, técnico, riguroso, suficientemente documentado y requirió la presencia no solo de la Gobernadora del Valle sino la del Ministro de Defensa, la Cúpula Militar y de Policía.

Pese a la insistencia del Senado, la gobernadora brilló por su ausencia y mi principal cuestionamiento permanece sin respuesta: ¿Qué ha hecho y qué está haciendo la administración departamental por la seguridad de los vallecaucanos?

Lo evidente es que la seguridad no es una prioridad: no representa ni el 2% del presupuesto departamental, no se advierte una mejoría en delitos de impacto como el homicidio o la violencia sexual, cuyas cifras suelen ubicar al departamento en las primeras posiciones ni tampoco existen alternativas a las economías ilícitas que rivalicen con la ilegalidad.

La experiencia y la autoridad parecen haberse diluido en excusas y evasivas, y la violencia se recrudece dejando a los vallecaucanos huérfanos en su propio territorio.

La gobernadora tiene las herramientas para actuar y conjurar la situación, es agente del Presidente de la República, es la Jefe de Policía del Departamento y cuenta con una chequera de cerca de $3.3 billones de pesos para 2024 ¿Por qué no actúa efectivamente? ¿Por qué se limita a señalar como culpable al Gobierno Nacional? ¿Por qué no asiste a debates que sólo pretenden aportar ideas e identificar soluciones?

Al parecer tendremos que auscultar estas respuestas mientras la inacción supera al ejercicio de la experiencia y la autoridad.

• Lea aquí el editorial La politización de la seguridad, un ataque injusto a la gobernadora Toro

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