La violencia en Colombia no cede, se transforma: los grupos armados ilegales expanden su control territorial, las comunidades viven atrapadas entre amenazas y desplazamientos, y los civiles siguen pagando el precio más alto.

Así lo confirma el balance humanitario del primer semestre de 2025, presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual documenta más de 44.000 personas confinadas y más de 10.000 desplazadas, especialmente en departamentos como Nariño, Chocó y Cauca.

Frente a esta realidad, el silencio del gobierno resulta tan grave como sus decisiones erradas.

El Estado no puede seguir actuando como si estas cifras fueran simples datos estadísticos y tampoco puede continuar aplicando una política de paz que, lejos de pacificar, fortaleció a los grupos criminales.

Los ceses bilaterales que no se cumplen, los nombramientos como gestores de paz que terminan protegiendo a cabecillas con amplio prontuario delictivo y la ausencia de presencia institucional en los territorios, son factores que agudizaron el problema.

Hoy, las comunidades viven más indefensas que nunca.

El informe denuncia que la mayor parte de las víctimas del conflicto son personas civiles, muchas de ellas indígenas y afrodescendientes, que no tienen quién las defienda.

El Estado colombiano, cuya principal función debería ser garantizar la seguridad y los derechos de sus ciudadanos, optó por retirarse, negociar con actores violentos y confiar en compromisos que no se cumplen.

Mientras tanto, los corredores humanitarios son cerrados, las escuelas se militarizan o se abandonan, y el tejido social se fractura.

Los datos revelan una alerta ineludible: si la tendencia actual se mantiene, 2025 podría convertirse en el peor año de la última década en cuanto a consecuencias humanitarias.

El número de personas confinadas y desplazadas crece de forma sostenida, mientras las amenazas, el reclutamiento forzado y las restricciones a la movilidad aumentan en zonas donde el Estado simplemente no llega.

Esta no es solo una emergencia coyuntural, es una catástrofe en desarrollo que exige acción inmediata y sostenida, no medidas simbólicas. Ignorar este rumbo sería condenar al país a un deterioro irreversible de su ya frágil orden social.

Es hora de que el gobierno del presidente Gustavo Petro asuma con responsabilidad la crisis que su política generó. No se puede construir la paz sobre la base del miedo, la impunidad y la indiferencia.

Las comunidades requieren seguridad, justicia y presencia estatal real, no discursos. La paz, para que sea verdadera, debe construirse protegiendo primero a los más vulnerables.

Comments