El secuestro de la concejal Sandra Milena Betancourth, en el municipio de Argelia, es un nuevo y alarmante recordatorio del caos que atraviesa el Cauca.

Bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien en las elecciones presidenciales obtuvo el 79,02% de los votos en este departamento, la situación de seguridad ha empeorado.

Las decisiones que ha tomado el gobierno Petro, como los mal llamados ceses “bilaterales” y la suspensión de la erradicación de cultivos ilícitos, no han hecho más que fortalecer a los grupos armados ilegales que operan en la región.

El secuestro, las amenazas a los concejales, y la crisis humanitaria en corregimientos como El Plateado son consecuencias directas de una política de seguridad laxa y poco efectiva.

En lugar de controlar el territorio, el gobierno parece haberlo entregado a los grupos criminales, que imponen sus reglas y someten a la población.

El escenario que hoy se vive en Cauca es el reflejo de un estado fallido, donde las autoridades no pueden garantizar la seguridad ni el bienestar de sus ciudadanos.

Los líderes locales, como el alcalde de Argelia, han denunciado con desesperación cómo las disidencias de las Farc controlan áreas enteras, imponiendo bloqueos, cortando servicios básicos, como la electricidad, y prohibiendo la entrada de alimentos.

Qué paradoja, el Cauca, que fue un bastión de apoyo electoral para Petro, es ahora el símbolo más claro de la inacción y ausencia del gobierno.

¿Por qué sigue apostando por una política que, en lugar de desmantelar a los grupos armados, los empodera? Este departamento se desangra mientras el gobierno se enreda en discursos vacíos y, si no hay un cambio inmediato en la estrategia, seguirá hundiéndose en el abismo de la violencia hasta convertirse por completo en un departamento fallido.

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