El caso de la niña Yuliana Samboní reabrió el debate sobre la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños en Colombia, una idea que, a juzgar por las reacciones de los líderes de opinión, de las redes sociales y del Congreso de la República, donde se anunció que se presentará una iniciativa en este sentido, tiene mucho respaldo ciudadano.

Nadie discute que alguien capaz de cometer un crimen tan atroz deba pasar el resto de sus días tras las rejas, merece este castigo; además, si bien las penas no inhiben a este tipo de sujetos, pues no hacen este tipo de consideraciones antes de cometer sus crímenes, permitir que recuperen la libertad es exponer a la sociedad, en especial a los niños, a un grave peligro.

Sin embargo, si la justicia colombiana funcionara como debe ser, no sería necesario realizar esta reforma; con aplicar la pena máxima, que para este caso es de 60 años, sin que se aplique ningún tipo de beneficio, bastaría para que el criminal pasara el resto de su vida encerrado en una celda.

En este momento el debate debería centrase, entonces, en cuestionar la efectividad del sistema judicial colombiano, no solo por su inoperancia sino también por su corrupción, para evitar que por alguno de los dos factores se termine favoreciendo al autor de tan macabro hecho.

Al debate judicial hay que agregar otro igual de importante, y es el que tiene que ver con la generación de entornos seguros para los niños, es decir, la obligación de los adultos de asumir cabalmente el papel de cuidadores de los menores de edad, algo que reduciría las posibilidades de que un infante caiga en las manos de un criminal como el verdugo de Yuliana.

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