La ruptura de la tregua entre Los Shottas y Los Espartanos regresó a Buenaventura al terror del que apenas empezaba a recuperarse.

Los enfrentamientos armados y asesinatos que se han registrado en los últimos días, con víctimas como el joven futbolista Vladímir Bravo, demuestran que lo que se presentó como paz urbana fue solo un cese temporal para reorganizar el crimen.

Hoy, comerciantes, transportadores y ciudadanos viven atemorizados, en medio de un conflicto que demuestra la ausencia del Estado y el fortalecimiento del control territorial por parte de las bandas.

La realidad en sectores como La Bocana, Pampalinda o La Fortaleza es la de una ciudad sitiada por estructuras ilegales que siguen operando con total impunidad.

En este contexto, es necesario apoyar sin titubeos el llamado que hace la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para que atiendan de inmediato esta emergencia.

Su propuesta de una intervención integral que combine operativos militares con inversión social es una ruta clara y urgente.

No basta con consejos de seguridad o promesas de diálogo.

Se necesitan resultados.

Buenaventura representa el corazón económico del Pacífico colombiano, pero también uno de los territorios más vulnerables.

Sin una respuesta decidida, la violencia seguirá escalando y condenando a sus habitantes a vivir entre el miedo y la desesperanza.

El Estado no puede permitir que la criminalidad imponga sus reglas.

Es momento de respaldar l posición de la gobernadora y exigir que el gobierno nacional actúe con contundencia.

Las vidas de miles de personas y la estabilidad del suroccidente del país están en juego.

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