La propuesta de un acuerdo nacional sobre la alternancia democrática presentada por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, genera más preguntas que certezas.

En un país donde la alternancia política está plenamente garantizada por la Constitución y las instituciones, la invitación a consolidar un acuerdo en este sentido resulta, cuanto menos, innecesaria.

La elección de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda radical en la historia de Colombia, es una prueba fehaciente de que el sistema democrático colombiano, con todas sus imperfecciones, ha permitido la llegada al poder de actores políticos diversos.

El verdadero desafío para garantizar la alternancia democrática no radica en firmar nuevos acuerdos, sino en que el actual gobierno respete los principios establecidos y renuncie a cualquier intento de modificar las reglas para favorecer la reelección o la prolongación del periodo presidencial.

Cualquier movimiento en ese sentido, como se ha visto en otras partes de la región, pondría en jaque el equilibrio democrático que, a pesar de sus dificultades, ha permitido que Colombia mantenga una tradición republicana estable.

Resulta igualmente preocupante la manera en que el ministro Cristo asocia la alternancia democrática con la violencia. En la actualidad, la violencia en Colombia está mayormente relacionada con problemas como el narcotráfico, la minería ilegal y la presencia de grupos armados en los territorios.

El funcionario debería explicar mejor esta conexión, porque, de lo contrario, suena a las advertencias que el presidente Petro hacía en campaña, insinuando que el país podría enfrentar un estallido social si no era elegido.

Es legítimo preguntarse si, ante la creciente desaprobación del gobierno, esta propuesta busca más un blindaje político que una verdadera solución a los problemas de violencia o a la falta de consensos.

En vez de acuerdos ambiguos sobre la alternancia, sería más constructivo que el gobierno concentre sus esfuerzos en resolver los desafíos reales del país, respetando los principios democráticos que ya garantizan que cualquier grupo político pueda ser parte del juego electoral.

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