Hay decisiones judiciales que resuelven controversias concretas y otras que terminan convirtiéndose en símbolos de una época.

La reciente medida que restringe el uso de determinados emblemas y elementos de propaganda electoral por parte de Abelardo de la Espriella no es un asunto menor ni una simple discusión sobre imágenes de campaña.

Estamos frente a una decisión que abre un profundo debate constitucional sobre la libertad, la identidad política y los límites de la intervención judicial en medio de un proceso electoral.

Lo que más inquieta no es solamente el contenido de la medida, sino el momento en que se produce.

A pocos días de una elección decisiva para el país, cualquier decisión que altere las condiciones de una campaña tiene efectos inmediatos y difíciles de revertir.

Por eso resulta inevitable preguntarse si realmente estaban acreditados los requisitos de gravedad, urgencia, inminencia e impostergabilidad que justifican una intervención de semejante alcance. Son preguntas legítimas que merecen respuestas claras, especialmente cuando está en juego el derecho de los ciudadanos a participar en una contienda electoral con reglas estables y previsibles.

También genera preocupación que parezca desconocerse la habilitación otorgada por el Consejo Nacional Electoral para el uso de los emblemas y la propaganda electoral del Movimiento Defensores de la Patria.

El sistema institucional colombiano asignó competencias específicas a las autoridades electorales precisamente para brindar seguridad jurídica y evitar que las reglas del juego cambien de manera abrupta en plena competencia.

Cuando esas competencias son desplazadas, la incertidumbre se instala donde debería existir claridad.

Sin embargo, el debate va mucho más allá de una discusión jurídica. La política también está hecha de símbolos.

Los ciudadanos no se identifican únicamente con programas de gobierno; se identifican con ideas, principios, liderazgos y causas. Los emblemas de una campaña representan ese vínculo construido entre un candidato y quienes ven en él una alternativa para el país. Despojarlos de esos elementos en la recta final de una elección no es una decisión inocua.

Tiene consecuencias reales sobre la manera en que una propuesta política se presenta ante la opinión pública.

La democracia colombiana ha pagado un precio demasiado alto por la intolerancia política.

Durante décadas, muchos colombianos vieron cómo las diferencias ideológicas se convertían en motivo de exclusión, persecución e incluso violencia.

Precisamente por esa historia deberíamos ser especialmente cuidadosos con cualquier decisión que limite la expresión política de quienes participan en el debate público.

Las sociedades libres no fortalecen sus instituciones restringiendo la competencia; la fortalecen garantizando que todas las opciones puedan defender sus ideas en igualdad de condiciones.

A mi juicio, también se está desnaturalizando la acción de tutela. Este mecanismo fue concebido como una herramienta extraordinaria para la protección inmediata de derechos fundamentales, no como un instrumento para sustituir las competencias de las autoridades electorales ni para redefinir las condiciones de una campaña presidencial en sus días más decisivos.

Cuando la excepcionalidad se convierte en regla, las instituciones terminan perdiendo los límites que les dan legitimidad.

Más allá de las interpretaciones jurídicas y de los argumentos procesales, hay una realidad imposible de ignorar: millones de colombianos sienten que esta decisión afecta la opción política con la que han decidido identificarse.

Y aunque en democracia nadie tiene garantizado el triunfo, todos deben tener garantizado el derecho a competir bajo las mismas reglas.

Las elecciones están hechas para que sea el ciudadano quien tenga la última palabra. Esa es la esencia del sistema democrático.

No son los jueces, ni los gobiernos, ni los organismos de poder quienes deben decidir qué proyecto político merece avanzar. Esa decisión corresponde exclusivamente al pueblo en las urnas.

Por eso este debate trasciende a un candidato, a una campaña y a una elección.

Se trata de defender un principio fundamental, que la democracia no puede construirse limitando identidades políticas ni alterando las condiciones de la competencia en el momento más sensible del proceso electoral.

Porque cuando una sociedad empieza a normalizar que ciertas voces sean debilitadas antes de ser escuchadas, corre el riesgo de olvidar que la libertad no se pierde de un día para otro.

Se pierde cuando dejamos de defenderla precisamente en los momentos en que más la necesita.

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