Los videos de patrullajes armados y amenazas por parte de bandas delincuencias en Buenaventura encendieron nuevamente las alarmas sobre la situación de seguridad en el principal puerto del país. A finales de mayo, luego del anuncio de la ruptura de la tregua entre los Espartanos y los Shottas –dos de las principales bandas criminales– se proyectaba un panorama preocupante para la ciudad.

El pasado 12 de julio atendimos el llamado de la Gobernación del Valle al Consejo de Seguridad en el que analizamos los retos de orden público en el departamento. Allí advertimos que ciudades como Buenaventura y municipios del norte del Valle requieren apoyo por parte del Gobierno para fortalecer la fuerza pública, mejorar la infraestructura de seguridad, invertir en tecnología y fortalecer planes de prevención.

A lo anterior se suma la grave ola de violencia en Tuluá, otra de las principales ciudades del Valle del Cauca, donde los crímenes y las amenazas han sumido a la población en un sentimiento de zozobra. Lo mismo ocurre en otras zonas del país donde han regresado los secuestros, crímenes a líderes sociales y violencia por parte de actores armados.

Por ejemplo, según el más reciente reporte de Indepaz, en lo corrido del año van 89 líderes sociales asesinados en Colombia. Por su parte, entre enero y mayo de 2023 los secuestros regresaron a niveles similares a los registrados hace diez años, según datos del Ministerio de Defensa reportados en 19 de los 32 departamentos del país. El proceso de Paz Total que aprobamos en el Congreso de la República para facilitar los acercamientos entre el Gobierno y los grupos armados organizados, parece haberse quedado estancado, mientras la situación actual es igual o aún más grave que antes.

Por eso en el Consejo de Seguridad convocado por la Gobernación del Valle solicitamos con urgencia que no se deje a la población a merced de la delincuencia. Las regiones más afectadas por la violencia requieren un plan de choque integral que combine, en el corto plazo, presencia del Estado e intervención militar, mientras en el mediano y largo plazo se avanza en materia de inversión social, educativa, deportiva y cultural.

Nuestro país necesita recuperar la tranquilidad y los colombianos, en cualquier región del país, merecen vivir en paz. El Gobierno tiene tiempo de recomponer el rumbo de la Paz Total –una de sus principales banderas– pero para lograrlo tendrá que brindarle a los departamentos apoyos más sólidos en materia de seguridad. Esperamos que así sea.

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