Armar no es el camino

Presupuesto insuficiente

Mario Germán Fernández De Soto

Por estos días se aprobará el Presupuesto de la Nación que sirve para la sostenibilidad económica y financiera de nuestro país y, al mismo tiempo, para ejecutar los programas de desarrollo integral en beneficio de los colombianos. Sin embargo, la del próximo año será una “carta financiera” desbalanceada para atender los requerimientos de un país lleno de necesidades y angustias sociales sin resolver.

La educación, la salud, la justicia, la vivienda social, la seguridad, las víctimas, el deporte, la reactivación económica y el empleo son prioridades que se deben enfrentar con soluciones que no dan espera, las que no cuentan efectivamente con la financiación requerida para el cumplimiento de los fines del Estado. Del monto aforado por valor de $350.4 billones ya está comprometido el 83 % en planes y rubros que son inamovibles, lo que impide un margen de maniobrabilidad para cubrir obligaciones sociales que urgen viabilizarse. El 22.2% tiene que ser orientado al pago de la deuda pública. Los gastos para pensiones llegan al 14.8%. Para el aseguramiento en salud se dispone del 7.3%. La nómina de más de un millón de servidores públicos representa el 10.4%. El próximo debate electoral costará $1.6 billones de pesos y las vigencias futuras, que son gastos ya comprometidos alcanzan los $20.9 billones; mientras que la reparación a las víctimas del conflicto armado costará $16.4 billones. Todo lo anterior, sumado a las gruesas cifras en materia de seguridad y educación nacional. Es decir que los gastos son inflexibles para la tarea de la hacienda pública que contará con una reforma tributaria con ingresos muy reducidos frente a la realidad del fisco nacional.

Entretanto, las regiones claman por una mayor descentralización de los recursos para adelantar proyectos de toda índole para el desarrollo territorial en diferentes dimensiones, lo que hace pensar en la necesidad de un nuevo régimen de descentralización político-administrativo que permita una mayor autonomía local y, por sobre todo, que genere mayor justicia social distributiva en beneficio de las poblaciones de distritos y municipios, tanto del sector urbano como del rural; quienes claman por una capacidad resolutiva inmediata a la actual crisis social. De allí la importancia de contar con bancadas unidas y numerosas en el Congreso para ejercer control político orientando los recursos de manera equitativa frente a las privilegiadas regiones que absorben los dineros públicos dirigidos a los megaproyectos estratégicos de infraestructura y de servicios. Es menester un estado con mayor eficiencia administrativa y eficacia institucional en la inversión del erario público, pero también con estrategias fiscales contundentes, para garantizar un mayor recaudo combatiendo la corrupción a todo nivel y que aplique transparentemente y en forma equilibrada cada peso de la nación.

Colombia amerita una profunda transformación para la gestión de sus ingresos y de la suprema función de velar por la transparencia en los gastos del presupuesto público, que al igual que se hace con la “regla fiscal”, en la que se pone un techo al déficit, también se estimulen las rentas nacionales a través de la promoción y el fomento de las exportaciones, la generación de bonos extraordinarios de deuda pública atractivos para los inversionistas y la constitución de fondos internacionales de inversión para apalancar mayores utilidades para el país. La hacienda de la nación hoy está obligada a la innovación y a la creatividad para soportar en forma sistémica un presupuesto insuficiente.

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