Presidente, el Valle debe ser compensado

Christian Garcés

Con 200.000 empleos perdidos y $5 billones malogrados a causa de 82 bloqueos ilegales en las vías, vandalismo y alteraciones de orden público, el Valle del Cauca necesita algo más que “medidas especiales” para complementar los apoyos anunciados desde el Gobierno Nacional para superar la crisis de ingresos y empleos provocada por un Paro Nacional que resultó más letal que el Covid – 19 en materia económica.

El desabastecimiento de alimentos, insumos médicos y combustibles; la parálisis portuaria en Buenaventura y los obstáculos ilegales para impedir que miles de empleados llegaran a sus puestos de trabajo, dieron un golpe mortal a miles de medianas y pequeñas empresas que apenas empezaban a reactivarse después de Pandemia, y cuya recuperación ya no estará garantizada por la estrategia de subsidio del 25% del salario mínimo para fomentar el empleo juvenil, ni por una virtual extensión al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) o el Ingreso Solidario.

Además de un programa de inversión inmediato para generar empleos en la población juvenil, el Valle necesita un mes sin pago de impuesto a la renta para las empresas de la Región que con hazaña han sobrevivido; estas medidas, junto a las propuestas que adelanta el sector productivo, permitirían compensar una buena parte de los empleos destruidos por la asfixia que los promotores del Comité del Paro ejercieron sobre el tejido empresarial vallecaucano y la masacre laboral que provocaron.

Hoy un 88% de las empresas de la Región están afectadas por la crisis generada por el Paro. De allí que el Departamento requiera una inyección preferencial de recursos para subsanar el daño transversal ocasionado por los bloqueos y desmanes, cuyos efectos hoy también nos deben llevar a replantear la función social del pago de impuestos. Se supone que, como país democrático, tributamos para que el gasto público cubra las funciones básicas a la ciudadanía, entre ellas la seguridad y la movilidad que no fueron garantizadas por el Estado.

La propuesta al Gobierno Nacional parte de cifras claras sobre los estragos producidos por los bloqueos; en mayo se perdieron el 26.2% de los empleos existentes en el Valle, el 70.8% del comercio bajó sus ventas, el 53.5% del sector industrial paró operaciones y el 41.1% de las empresas disminuyeron el número de trabajadores. Adicionalmente, el 11% de las microempresas como panaderías, peluquerías y tiendas de barrio indicaron que cerrarán sus emprendimientos debido a la situación de orden público.

Descontar un mes del impuesto a la renta correspondiente al año 2020 para las empresas del Valle es una compensación correcta si se advierte que está en juego la salvación de miles de empleos e ingresos que son necesarios para garantizar la estabilidad del suroccidente y el país. Esta medida debe considerarse dentro de la próxima reforma tributaria que presentará el Gobierno si se quiere hacer justicia con el departamento que fue secuestrado por vándalos y violentos.

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