Duele escuchar y leer en los medios radiales, televisivos y escritos, noticias sobre la corrupción de gobernadores y alcaldes que aprovechando una pandemia como el covid-19, se dedicaron a robarse los presupuestos oficiales a través de mercados, bonos, logística, implementos sanitarios, etc., lo que desvirtúa, una vez más, que hayan buenas acciones hacia la comunidad por parte de quienes tienen la obligación de cumplir con programas de campaña, es decir, de gobernar honestamente. Realmente, es muy desesperanzador que sean los que teniendo la misión de mejorarle el modus vivendi a sus gobernados, sean los que bregan por ganarse unas elecciones pensando en esquilmar la buena fe de sus votantes.

Pero lo que más molesta es que los órganos de control disciplinario y fiscales, regionales y locales, no funcionen, miran para otro lado, temerosos de causar la ira de quienes los eligen desde los concejos y asambleas o, de evitar que se les traumatice el rol de coadministradores de administraciones a las cuales fiscalizan.

Cualquiera de las dos formas es dañina. Y no es culpa de los empleados o funcionarios que laboran con dichos organismos; ellos cumplen con su misión, hasta donde tengo entendido pero, son sus jefes, las cabezas visibles de dichos órganos, los que deciden que se tuerce y que se destuerce. Por eso es que algunos aspirantes a la presidencia de la república proponen derogar el funcionamiento de dichos organismos.

Lo que están realizando el fiscal, el procurador y el contralor, a nivel nacional, es la mejor respuesta al pésimo funcionamiento de contralorías y personerías en todo el país. Eso es impactante.

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