En los últimos nueve años, nuestro país ha presenciado más de 12.500 casos de personas lesionadas por el uso de pólvora, lo que equivale aproximadamente a la capacidad total de un centro de eventos como el Movistar Arena de Bogotá.

La cifra más preocupante es que alrededor de 5.400 de estas víctimas son menores de 19 años.

Estas alarmantes estadísticas se han vuelto parte de nuestra realidad, especialmente durante la temporada decembrina y de fin de año.

Hace más de un año, se aprobó en el Congreso de la República una ley de mi autoría para regular la fabricación, comercialización y uso de pólvora.

Esta permitirá imponer sanciones más severas, impulsar campañas pedagógicas, garantizar tratamientos médicos y avanzar en la formalización, tecnificación y profesionalización de las familias cuyo sustento económico depende de la fabricación y venta de elementos pirotécnicos.

Sin embargo, hasta ahora esta ley no ha sido reglamentada por el Gobierno nacional. Sin esta reglamentación, la Policía Nacional no puede aplicar las sanciones necesarias, y los alcaldes y gobernadores carecen de las herramientas técnicas para prevenir, atender y sancionar esta problemática.

Pareciera que los afectados por la pólvora son solo cifras que debemos registrar anualmente, sin soluciones reales. No se trata de cosas inertes, sino de vidas humanas que pueden padecer secuelas físicas y psicológicas e incluso del bienestar de cientos de animales que sufren los estragos de la pólvora.

Una vez más, solicito con urgencia que el MinSalud, MinInterior, MinDefensa y MinJusticia avancen en la reglamentación de la ley.

Mientras tanto, reitero una invitación muy especial para todos los vallecaucanos y colombianos en general: ¡prendamos la fiesta sin pólvora! Los accidentes con pólvora pueden cambiar vidas en un instante, por eso no podemos permitir que la felicidad de estas fechas de alegría y encuentro familiar se vea empañada por tragedias evitables.

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