Mario Germán Fernández De Soto

¿Paz total o sumisión?

Mario Germán Fernández De Soto

Por estos días se viene ambientando en el país un proyecto para propiciar una supuesta “paz total” con las bandas criminales que atentan contra la vida , honra y bienes de los colombianos.

Se propone incluso una “jurisdicción especial” para otorgar un tratamiento preferencial a quienes actúan al margen de la ley, como si se tratara de personas en estado de indefensión que prestaran algún servicio social o voluntario a la Patria o como si fuesen víctimas de la legítima acción del Estado social de derecho en defensa de la colectividad.

Ya se elabora una ley para ser presentada ante el Congreso de la República, que ha dejado notar las preferencias procesales que favorecerían a las “bacrin”, las que siembran el terror y la angustia de sus víctimas en todo el territorio nacional.

Igualmente, se pretende que sea la propia Fiscalía General de la Nación la que asuma el desmantelamiento de las mismas, cuando su misión funcional es la de investigar las causas del delito y presentar la acusación respectiva ante los jueces de la República.

Se propone incluso crear un modelo de atención encabezado por un alto comisionado que se dedique a la implementación de una política para tal finalidad.

Creo que una cosa es que un grupo guerrillero que busque el poder por las armas exprese su voluntad de iniciar un acuerdo de paz, que no puede significar impunidad, y otra cosa, muy distinta, es el delito de concierto para delinquir que camuflado dizque en organizaciones al margen de la ley o en grupos residuales aspiren a beneficios que sentarían muy mal precedente en el ordenamiento jurídico de Colombia.

Las altas cortes, los tribunales y los despachos judiciales en sus distintas denominaciones están instituidos para ejercer soberanamente justicia en nombre de la República y no se necesitan jueces o tribunales especiales, ni mucho menos un trato especial para la delincuencia que azota a la sociedad colombiana.

Lo que hay que hacer es fortalecer la rama judicial con recursos administrativos y financieros suficientes para el cumplimiento de su función de combatir el delito y administrar justicia.

En mi opinión, debe darse un debate muy serio de cara al país, que sea suficientemente analizado y presentado de manera transparente ante la opinión pública, para que se determine cuál será su utilidad social, de qué manera y qué obtiene la ciudadanía al adelantar el referido “modelo” por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.

La aplicación de la debida justicia no se puede vulnerar entregando dádivas a los delincuentes que tanto daño han causado a una población inerme que exige la protección de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de una verdadera paz social rechazando la sumisión frente a los actores por fuera de la ley.

Que haya paz sin impunidad.

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