A quienes cursábamos el bachillerato en los años sesenta, si nos sorprendían con un libro rojo en el colegio, nos expulsaban. Eso ocurría porque nos regía un poder autoritario y los docentes eran obligados a prestarse para tal coerción ideológica.

Sin embargo, hubo maestros de ciencias sociales que se arriesgaron a perder su nombramiento por practicar metodologías de participación y reflexión. Esos valerosos maestros sabían que no podían ocultarnos que las ideas de Rousseau y de Montesquieu, fundamentan la democracia del siglo XVIII. Que el pensamiento de la Ilustración alentó a Nariño, Bolívar y Santander para liderar nuestra independencia.

Las cosas empezaron a cambiar cuando fueron los mismos jóvenes, quienes, emulando a los estudiantes del mayo francés de 1968, exigieron la libertad de cátedra mediante la consigna ¡Prohibido prohibir! Muchos fueron expulsados por liderar consejos estudiantiles clandestinos, nos regía la Constitución Política de 1886 y su reforma frente nacionalista. Hoy, la Constitución de 1991 y la Ley 115 de Educación, institucionalizan los gobiernos escolares y los consejos de estudiantes. El artículo 27 de la Constitución Política garantiza la libertad de cátedra.

El programa de ciencias sociales fue redactado por una comisión ministerial que enfatizó los problemas sociales para convocar a que los estudiantes investiguen y argumenten sobre los conflictos colombianos. Vulneran la libertad de cátedra cuando tratan de amordazar a los docentes con falsos señalamientos de hacer proselitismo, pretendiendo borrar la historia ocultando a los victimarios. Acabando la libertad de cátedra, en literatura también ¿prohibirán las lecturas de “Siervo sin tierra”, “Cóndores no entierran todos los días” y “Cien años de soledad”?

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