Ley Vacuna covid-19

Leonardo Medina Patiño

Acaba de aprobar el Congreso de la República la ley para realizar, gratuitamente, el plan de inmunización contra el covid-19, a través de la vacuna que se adquiera por el Estado colombiano. Plausible labor legislativa, que puede entenderse como un avance en las políticas de salud pública, pero no es tan así. Queda uno como el título del cuento de José Zuleta, “La sonrisa trocada”.

Sorprende que el Congreso haya admitido – aupado por el Ministerio de Salud- que se exonere de responsabilidad al fabricante de la vacuna, por algún efecto adverso que se presente en el paciente a quien se le aplique la dosis. Asume esa carga jurídica el Estado colombiano y, para ello, crea un consejo de evaluación de reacciones adversas, que se encarga de determinar si hay o no nexo causal entre la aplicación de la vacuna y la afectación en la salud del paciente.

Difícil que ese cuerpo colegiado admita un nexo causal. Incluso, no siendo igual, pero sí aproximado, algo así sucedió con la vacuna del papiloma humano, que por principio de precaución se suspendió el tamizaje universal y solo es aplicable cuando hay consentimiento informado.

Suena muy experimental este procedimiento y someten a un riesgo enorme a gran cantidad de población que será objeto de estas dosis. Hay allí un debate amplio para la bioética, el derecho constitucional y el derecho médico, toda vez que se involucran derechos fundamentales y principios generales.

Así finalizamos un año tormentoso con una ley que autoriza la aplicación de la vacuna contra el covid-19. Bienvenida. Pero deja un amplio margen para el error, y esos desenlaces que allí se crean los deberá soportar el paciente y las demandas, el Estado colombiano.

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