La parálisis de la justicia

Rosa María Agudelo Ayerbe

Hace dos semanas, el 15 de agosto, se desplomó uno de los ascensores del Palacio de Justicia de Cali. El accidente ocasionó la muerte de dos personas y heridas de gravedad a otras cuatro.

Una verdadera tragedia. Desde ese momento se cerró el Palacio y se paralizó casi totalmente la prestación del servicio.

No me cabe la menor duda que el accidente amerita medidas drásticas para que no vuelva a registrarse un hecho similar.

Sin embargo, tampoco me caben dudas sobre la necesidad de implementar planes de contingencia que rápidamente normalicen la prestación del servicio.

En estos días oí a un funcionario decir, como algo muy normal, que ya para este año nada se podía hacer y que en el edificio todo el mundo ya estaba en modo “vacaciones”.

Espero que sea solo la opinión de un funcionario y no la actitud de quienes están al frente de solucionar la problemática.

No puede ser que a los responsables no les importe dejar de prestar el servicio y que la sociedad no “exija” su reactivación inmediata. Cali afronta una problemática muy seria en materia de criminalidad y paga las consecuencias de la impunidad que caracteriza nuestro sistema.

Estos baches en la justicia agravan la situación. ¿Qué pasó con la evaluación de los ascensores? ¿Cuánto tiempo se requiere para que un experto la haga? Es cierto que la administración de lo público exige procesos contractuales lentos, pero también hay figuras de emergencia que facilitan los trámites. Parar el sistema de justicia de una ciudad de nuestras características es una calamidad, como tal debe verse y afrontarse.

No pienso que sea un problema “menor” bajo la responsabilidad del administrador del edificio.

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