Un Estado se constituye a partir de dos principios fundamentales: Orden y autoridad. Allí radica la esencia de la legitimidad que emana de una sociedad jurídicamente organizada. Tal parece que en nuestro querido país se perdió el rumbo, porque los ciudadanos con el derecho legítimo a protestar son manipulados por un grupo mínimo de delincuentes que, abusando de la falta de autoridad legítima del Estado, saquean y destruyen lo que encuentran a su paso sin que las instituciones constituidas para defender la honra y bienes de la ciudadanía proteja también sus derechos constitucionales y legales. Son los propietarios, empresas y establecimientos formales los que tienen que someterse a la destrucción de unos cuantos que se infiltran soterradamente en una manifestación después de la declaratoria de un “paro” que con argumentos justos y bien intencionados termina en pérdidas humanas y materiales irreparables.

La ciudadanía confía la protección de sus derechos, que también son legítimos, en la autoridad del Estado que en casos como los de una manifestación pública de protesta popular termina en el caos y la zozobra entre quienes son impunemente afectados. La protesta es un derecho consagrado en la Constitución nacional, pero no puede ser una forma para que unos pocos desadaptados cometan ilícitos, robando y asaltando con el pretexto de una causa popular y justa.

Los empresarios de Colombia han construido un tejido social bajo el amparo de la ley y también pagan impuestos haciendo un esfuerzo por mantener el ingreso de sus colaboradores y el de su propia sostenibilidad. Por tanto, creo que los gobiernos nacional y territoriales deben garantizar el derecho a la protesta y acudir al uso legítimo de la fuerza para combatir a los vándalos que se filtran en los actos de quienes haciendo uso de su legítimo derecho no están en capacidad para seleccionar a quienes pretenden de manera solapada “protestar” para violar las normas, agrediendo flagrantemente a personas inocentes.

Bienvenida la protesta cuando se ejerce con respeto a la ley y a las buenas costumbres de una sociedad que también la rechaza cuando amenaza la estabilidad social y jurídica de la nación, acudiendo a la fuerza legítima para evitar los desmanes que generan el desorden y la desolación. La fuerza legítima debe imponerse para salvar a Colombia.

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