Si el constitucionalismo tiene como fundamento la moderación del ejercicio del poder político, encuentro que la Constitución de 1991 entregó a la nación la oportunidad de refundar al país como un Estado social de derecho en el que prevalecieran los derechos ciudadanos y se protegiera la integridad social y política de la nación como columna vertebral de nuestra carta fundamental. En ella, priman los principios de inclusión y de igualdad, dando un mayor valor a la condición humana por parte del Estado para atender las necesidades sociales con el reconocimiento de los derechos humanos y políticos, siendo sus normas rectoras prenda de garantía de los derechos fundamentales dentro del nuevo régimen jurídico administrativo establecido.

Esta Constitución fue pensada por la Asamblea Nacional Constituyente para marcar un novedoso rumbo social, económico y político buscando alcanzar la ambiciosa meta de construir una sociedad más justa y equitativa en la que todos tengamos las mismas oportunidades para una vida digna. Fue, a mi parecer, una respuesta jurídico política a las convulsionadas circunstancias socioeconómicas de nuestro país hace tres décadas. Puedo resumir sus bondades diciendo que cambió las reglas del juego político para que todas las tendencias sociales pudieran hacer parte de las estructuras democráticas a través del voto popular, al mismo tiempo, transformó positivamente la relación del Estado con el ciudadano, permitiendo mayor cercanía y otorgando instrumentos como la acción de tutela para reclamar sus legítimos derechos, pero, de la misma, manera se le dio al Congreso de la República atribuciones para hacer reformas vía “acto legislativo” sin más control que el de la Corte Constitucional por vicios de procedimiento, que han dado al traste con su espíritu de descentralización política y territorial del estado.

He contado hasta 54 reformas constitucionales, más las que están en estudio, que han terminado fortaleciendo el centralismo y el sistema presidencialista en el país, en el que su enfoque reformador ha sido la parte “orgánica” del establecimiento, creando de esta forma un modelo “híbrido” que muy poco contribuye a resolver los verdaderos problemas que tiene actualmente la sociedad colombiana. Escaso servicio se presta al país por parte de los congresistas convirtiendo a nuestra constitución política en una especie de colcha de retazos. De tal manera que, continuamos con un régimen absorbente en lo fiscal, económico, administrativo y político dependiendo de un gobierno nacional y de una Presidencia de la República que acumula mayores atribuciones, funciones y recursos que hacen depender a las regiones de la voluntad del mandatario nacional en abierto detrimento de la autonomía administrativa, financiera y fiscal de los entes territoriales.

Se terminó también con el sistema de pesos y contrapesos para los poderes del estado que son prenda de garantía de la democracia y que permite un mejor desenvolvimiento de los deberes constitucionales de las ramas del poder público. Urge un sistema judicial operante, funcional y efectivo que defienda al ciudadano y que haga justicia sin dilaciones. Así mismo, los colombianos necesitamos un sistema de salud eficiente que dignifique nuestra condición humana.

Por todo esto, si hay que hacer alguna reforma, es en estos aspectos donde están las verdaderas necesidades del país para generar confianza a quienes tanto esperan de sus gobernantes, jueces y legisladores para mantener viva la esperanza de una Colombia más justa, eficiente y transparente que consolide una nación viable social y económicamente. El legado de la Constitución de 1991 es el de la esperanza para una nueva Colombia.

Comments