El martes 3 de diciembre se reunieron en Cali al menos 40 consejeros territoriales de paz del Valle y del Cauca para aportar ideas en la construcción de una política nacional de convivencia.

Entre los propósitos que tienen en mente está la política criminal que se aplicará en estos territorios, cómo construir una red de alcaldes para la paz (teniendo en la cuenta que en enero se posesionan los nuevos mandatarios), cómo insuflar el ánimo dialogante con el presidente de la República, y cómo superar las guerras saltuarias y la actual dispersión de actores armados no políticos.

La preocupación en Cali es mayúscula, pues los indicadores registrados en el paro del 21 de noviembre dejan varias lecturas.

El proceso migratorio que ha sufrido Cali desde de la década de los años 50, incrementó las violencias que sumadas en diferentes periodos ha dado como resultado un comportamiento delictivo de ciertos sectores poblacionales durante los lapsos de asentamiento y búsqueda identificadora con el espacio urbano.

Los continuos éxodos producidos por las violencias cruzadas han producido en Cali el crecimiento de barrios con asentamientos incompletos, y una mixtura de subculturas, en donde los hacinamientos no invitan a la convivencia. Ese tipo de vivienda incrementa la irascibilidad.

La violencia callejera, pública y común de actores individuales se convierte en método de subsistencia y se adopta como conducta para resolver los conflictos interpersonales, eludiendo a los juzgados e instancias legalmente instituidos.

La administración municipal no se puede engolosinar restando muertos para afirmar que la situación ha mejorado.

La convivencia se logra cuando el respecto se extiende entre todos los pobladores y cuando sus necesidades básicas están resueltas.

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