Armar no es el camino

Estado de coma

Mario Germán Fernández De Soto

Si es prioridad una reforma tributaria, también es decisiva para la salud del sistema de seguridad social integral en el país una gran transformación de orden social y legal para el bienestar de los colombianos, comenzando por derogar la Ley 100 de 1983.

El sistema de salud fracasó porque los recursos financieros no llegan a las instituciones públicas ni privadas de municipios y departamentos en forma adecuada y mucho menos en la oportunidad requerida, afectando notoriamente el funcionamiento de clínicas y hospitales dedicados a atender a la población en sus distintos niveles.

Las EPS aducen que la nación no paga y algunas de ellas no transfieren los recursos a las IPS u hospitales distritales, departamentales o municipales y el colapso es total cuando ya no cuentan con recursos suficientes ni para pagar la nómina y los suministros básicos para la operación de las instituciones hospitalarias.

Algunas otras, igualmente, han creado su propia red para distribuir sus recursos en la misma entidad prestadora en forma desleal y arbitraria.

Ni qué decir de la Superintendencia de Salud, que es un ente paquidérmico que no funciona bien y cuyas intervenciones no han servido para resolver las problemáticas propias del sistema sino que, en mi opinión, las ha agravado en atención a que las entidades que tiene intervenidas dejan de pagar y no existe mecanismo alguno para recuperar la cartera de servicios ya prestados que podría llevar a la quiebra a las instituciones prestadoras de servicios de salud por causa de la carencia de tales recursos.

El abuso de algunas EPS al buscar establecer un “sistema de salud independiente” y no cancelar los servicios prestados por las clínicas y hospitales públicos y privados tiene al sistema reventado, y se generará una crisis mayor cuando se paralice la atención sino se interviene contundentemente a través una reforma que modifique positivamente el actual régimen por un modelo moderno y eficaz que agilice el flujo de recursos en toda la cadena de servicios de la salud en Colombia.

Es necesario evitar los abusos de los operadores financieros y contar con una Superintendencia que actúe en forma idónea como entidad de prevención y al mismo tiempo con facultades sancionatorias que ordenen medidas serias y eficaces en la eventualidad de irregularidades detectadas para sanear administrativa y financieramente de manera rigurosa y oportuna.

No puede seguirse desangrando la salud del país. Sólo en el Valle del Cauca las EPS adeudan más de $750.000 millones.

Una cifra realmente escandalosa que pone en “urgencias médicas” a quienes solicitan un servicio vital, constitucionalmente elevado a la categoría de derecho fundamental y que debe ser prestado en forma eficiente para garantizar la integridad personal de todos, desde las urgencias hospitalarias del primer nivel hasta la alta complejidad, que deben ser atendidas tanto para el régimen subsidiado como para el contributivo.

La ministra de Salud debe actuar con prontitud liderando el cambio que se requiere para aliviar esta problemática y que las EPS declaradas en liquidación y las que definitivamente fueron liquidadas paguen efectivamente sus obligaciones a las IPS, las que ya prestaron sus servicios y cuyos recursos son vitales para su funcionamiento presente y futuro. La salud se encuentra en estado de coma.

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