Los derechos y garantías no pertenecen a una persona, a un grupo social o a un porcentaje de la ciudadanía, son de todos y para todos, es deber defenderlos si se quiere ser reconocido como un humanista, como un defensor de la sociedad.

Tanto los tratados internacionales ratificados por Colombia como la Constitución Política son claros en reconocer la impugnación de las sentencias como parte esencial del debido proceso y del derecho de defensa. Cualquier ciudadano que en cualquier instancia reciba una decisión judicial debe tener la posibilidad de controvertirla, no interesa si el beneficiado es Andrés Felipe Arias o Timochenko, claro que este ejemplo es errado ya que el primero fue condenado y está preso, mientras que el segundo goza de impunidad y hasta el momento ni siquiera se puede hablar del debido proceso, porque proceso tampoco ha tenido.

Lo que es relevante no es el color de piel, la pertenencia étnica, el género o la posición ideológica, los principios que dan tranquilidad a la sociedad son de todos y para todos. Ahora bien, el caso del ex ministro Arias servirá para generar un precedente, uno más que nace fruto de debates profundos al interior de la sociedad, un precedente judicial que muestra el triunfo de la defensa de garantías en un estado social de derecho, un precedente histórico para quienes defienden las libertades y para quienes no, quienes las reconocen para todos los ciudadanos y quienes las defienden solo cuando les son favorables.

No estamos hablando de criticar al exministro o a su proceso sobre si en un sentido u otro es válido, lo que quiero decir es que jamás será válido en una democracia pretender pedir que se nieguen avances y luchas en la defensa de los derechos humanos.

No puedo dejar pasar esta oportunidad sin volver a expresar que estamos en mora de una reforma constitucional que permita que la Corte Constitucional sea el tribunal real de cierre, que su jerarquía este por encima de todas las demás cortes, ese puesto debería ser casi por derecho propio porque es la que de manera definitiva cuida la constitución, no porque las otras no lo hagan, sino porque precisamente cuando un ciudadano piense que sus prerrogativas han sido vulneradas y se trate de un tema netamente constitucional, solo la Corte Constitucional sea la encargada de proteger e interpretar la norma de normas.

En conclusión, este debate en torno al caso de Andrés Arias no es la lucha entre izquierda y derecha, es la lucha de quienes están a favor de las libertades y quienes no.

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