Colombia está frente a una amenaza que no podemos minimizar.

Mientras algunos todavía hablan de El Niño como si se tratara simplemente de unos meses de calor y pocas lluvias, los números empiezan a contar una historia mucho más preocupante.

Lo que viene puede afectar el agua, los alimentos, la energía, el empleo y, finalmente, el bolsillo de millones de colombianos.

Para entender lo que podría ocurrir, basta con mirar hacia atrás.

Colombia ya vivió una crisis energética que cambió la vida de todo un país.

En 1992, durante el gobierno de César Gaviria, el país enfrentó uno de los apagones más graves de nuestra historia.

El racionamiento comenzó el 2 de marzo de 1992 y terminó el 7 de febrero de 1993.

En Bogotá llegó a nueve horas diarias, en la Costa Caribe a diez y en San Andrés y Providencia hasta 18 horas.

Aquello no fue simplemente apagar y prender un interruptor. La vida cotidiana cambió por completo.

Se adelantaron los relojes una hora y nació la llamada “Hora Gaviria”.

Los niños tenían que levantarse prácticamente a oscuras para ir al colegio, las empresas debían modificar sus horarios, los comercios cerraban durante los cortes, las calles quedaban sin semáforos y las familias regresaron a las velas, las radios y los juegos de mesa. Incluso la programación de televisión tuvo que cambiar.

La economía también recibió el golpe. El racionamiento afectó la industria, el comercio y la productividad.

En Bogotá, algunos cálculos de la época estimaron pérdidas de entre $100.000 millones y $120.000 millones en el Producto Interno Bruto de la ciudad.

¿Por qué recordar todo esto? Porque la historia no está para asustarnos, sino para advertirnos.

La primera alarma está en nuestros embalses. XM, la empresa encargada de operar y coordinar el sistema eléctrico colombiano, ha señalado que el nivel agregado de los embalses debería estar por encima del 80% al comenzar la temporada seca para garantizar una atención confiable de la demanda.

Sin embargo, en mayo el nivel se encontraba alrededor del 67,46%, muy por debajo de ese objetivo.

Y el escenario que podría presentarse es todavía más grave. En un escenario de El Niño muy fuerte, los embalses podrían caer hasta el 19,3%.

Ese número debería estremecer al país. No estamos hablando solamente de menos agua.

Estamos hablando de una reducción drástica de una de las principales reservas para producir electricidad.

Al mismo tiempo, la demanda de energía no deja de crecer. En junio aumentó 5,99% frente al mismo periodo del año anterior.

Es decir, podemos tener menos agua para producir electricidad mientras los colombianos consumen cada vez más energía.

Ahí aparece una palabra que nadie quiere volver a escuchar, apagón.

Y no sería un problema limitado a las casas. Un apagón prolongado puede detener fábricas, afectar comercios, interrumpir cadenas de frío, paralizar actividades productivas, afectar hospitales, poner en riesgo servicios esenciales y generar pérdidas millonarias para la economía.

Colombia esperaba incorporar 4.475 megavatios durante 2026, pero hasta junio apenas habían entrado cerca de 306 megavatios, alrededor del 7% de lo previsto.

Tenemos entonces una combinación peligrosa: menos agua, más calor, mayor consumo y proyectos que no avanzan al ritmo que necesita el país.

Pero existe otra amenaza que sí podemos combatir directamente, los incendios provocados.

En Tolima hay actualmente 20 focos activos en 11 municipios y más de 15.000 hectáreas han resultado afectadas.

Lo más grave es que las autoridades ambientales estiman que el 90% de los focos tienen origen en actividades humanas.

Además, 12 de las 13 fuentes hídricas monitoreadas en el departamento han disminuido sus niveles y las lluvias recientes apenas alcanzaron el 39% del promedio esperado.

Aquí tenemos que ser absolutamente contundentes.

Una cosa es enfrentar un fenómeno climático que no podemos controlar y otra muy diferente permitir que una persona, por irresponsabilidad o deliberadamente, provoque un incendio.

Quien incendia un bosque no está quemando simplemente árboles.

Puede destruir hectáreas enteras, acabar con fauna, afectar fuentes de agua, poner en riesgo viviendas y comunidades y agravar una crisis que ya amenaza nuestra seguridad energética.

Quien provoque un incendio tendrá consecuencias penales.

El artículo 350 del Código Penal establece el delito de incendio y contempla penas de prisión y multas.

Cuando la conducta afecta un bosque, un recurso florístico o un área de especial importancia ecológica, la propia norma contempla un aumento de la pena. Además, el Código Penal establece delitos ambientales específicos, como la deforestación cuando se quema o destruye una hectárea o más de bosque natural sin autorización.

No se trata de amenazar por amenazar. Se trata de advertir que provocar un incendio no es una travesura, una imprudencia menor ni una conducta que pueda quedar en la impunidad.

Cuando alguien prende fuego deliberadamente, puede estar poniendo en riesgo vidas, viviendas, fuentes de agua y hasta el suministro de energía de una región.

Ya vivimos un apagón que duró casi un año. Ya sabemos lo que significa estudiar, trabajar, producir y vivir con horarios impuestos por la falta de electricidad.

Ya sabemos cuánto puede costarle a Colombia una crisis energética.

No tenemos derecho a repetir esa historia por falta de previsión.

El Niño no es una amenaza que podamos detener. Pero sí podemos prepararnos para enfrentarlo.

Podemos acelerar los proyectos de generación, proteger nuestros recursos hídricos, fortalecer la infraestructura y exigir responsabilidad a quienes tienen la obligación de garantizar el suministro energético.

Colombia no puede esperar a que vuelva el apagón para entender la gravedad de la advertencia.

Esta vez debemos actuar antes de que sea demasiado tarde.

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