El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es parcializado e irrespetuoso de la legítima potestad del Estado colombiano en la tarea de garantizar el orden y la autoridad en su territorio.

Las instituciones nacionales tienen la obligación de garantizar a todos los ciudadanos los derechos fundamentales entre los que se encuentran la protección de la vida, la seguridad, la libre movilización, el derecho al trabajo y por supuesto a la protesta social, tal y como está consagrada en la Constitución Nacional.

No puede este organismo pretender que el país se entregue a un grupo reducido de vándalos y delincuentes, quienes infiltrados en las marchas legítimas de los ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta, acuden a la violencia y al desorden social para destruir bienes públicos y privados e impedir la libre prestación de los servicios; sean ellos públicos o privados, ocasionando como en el caso de nuestra nación, una grave afectación social y económica a la gran mayoría de la población , que ya está cansada de los actos de terrorismo y de desolación causados por quienes atentan flagrantemente contra la democracia y la ciudadanía en general.

Estos actos despiadados contra los bienes públicos, privados y claro contra la vida misma de todos nosotros, no se pueden, ni repetir ni tampoco tolerar.

La justicia debe actuar para castigar a los responsables con oportunidad y eficacia en defensa de la ciudadanía; de igual forma que, en aquellos casos de abuso de la fuerza pública también tienen que señalar y castigar a los responsables.

SÍ creo, que deben acogerse las recomendaciones relativas a la mayor protección a todos aquellos que ejercen democráticamente su derecho a la movilización y que de manera pacífica, expresan sus justas reivindicaciones sociales y económicas como lo hacen los líderes sociales y de derechos humanos en forma valiente, con toda dignidad y decoro.

La gran mayoría de colombianos expresan en forma contundente y respetuosa sus reclamos que tienen origen en la desigualdad social, la falta de oportunidades, el narcotráfico y la corrupción entre otros flagelos sociales, pero no se justifica que la CIDH responsabilice exclusivamente al Estado colombiano en el texto de su documento por defender precisamente la vida y bienes de sus nacionales ; desconociendo entre otros aspectos, los factores y actores internos que les han dado origen e incitan a la confrontación social y a la violencia; los que son menester afrontar con diálogo social y reconciliación; al igual que, con la fuerza legítima del Estado en los casos en que se vulneren los principios de autoridad democrática que atentan contra la ciudadanía y la estabilidad de nuestro país.

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