Muchos colombianos creemos que el fracking es definitivamente perjudicial para el medio ambiente. Sin embargo, el país se debate entre exportar más crudo para generar mayores ingresos o cuidar sus ecosistemas para proteger el agua y la salud humana.

Por una parte, tenemos hoy un precio de US $64,29 por barril de petróleo brent, que le llegan muy bien al fisco nacional bastante agotado por las medidas de apoyo y de sostenibilidad social del Gobierno Nacional y, de otro lado, una técnica de fractura hidráulica que perfora pozos verticales hasta alcanzar la formación que contiene el petróleo o el gas que están atrapados en los poros de las rocas situadas en el subsuelo, las que generalmente se encuentran a profundidades entre mil y cinco mil metros.

Ocuparse de un sólo pozo requiere de entre 9 y 29 millones de litros de agua; lo que conlleva a la disminución del líquido disponible, afectando al medio ambiente y, por supuesto, a la vida humana. Lo crítico es que esta técnica puede traer como consecuencia la contaminación de las fuentes producida por los fluidos de la fracturación con la incógnita de saber si es posible el aprovechamiento del agua de desecho o de retorno, en contraste con la disminución de la producción de petróleo nacional en 14.9 % el año inmediatamente anterior.

Lo cierto es que este mes Colombia avanzará por fallo del Consejo de Estado con proyectos pilotos de investigación en yacimientos no convencionales, los que traerían inversiones por US $400 millones y que definirán el futuro de la exploración y explotación comercial del fracking en el país, que según la ANH ampliaría las reservas de petróleo de 6,3 años y las de gas de 8,1 hasta 35 y 50 años, respectivamente.

En este sentido, las reglas del juego deben estar muy claras para llevar a cabo un detallado análisis con la mayor transparencia y credibilidad por parte de las autoridades ambientales, con el concurso de los organismos de defensa ambiental, las corporaciones autónomas regionales y las ONG ambientalistas, precisando las verdaderas consecuencias para la nación que determinen hasta dónde llegan los beneficios sociales y económicos del fracking y cuál es el impacto real sobre la sostenibilidad ambiental, estableciendo las medidas de mitigación para enfrentar las afectaciones sobre nuestro territorio. Es un dilema entre la necesidad de la plata y la protección de la vida.

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