Al concluir el primer año de gestión del presidente Gustavo Petro, resulta una necesidad apremiante analizar con profundidad la dirección que ha tomado nuestro país.

Con el sólido respaldo de 1.310.236 votos provenientes del Valle del Cauca, se hace innegable la urgencia de abordar con mayor eficacia la administración de los recursos destinados al gasto público de índole social.

En el seno del Congreso de la República, hemos aprobado en una primera instancia un Presupuesto General de la Nación (PGN) por un valor de $405.6 billones.

Posteriormente, durante sesiones extraordinarias, hemos dado el visto bueno a una adición presupuestaria de $16.9 billones, lo que nos lleva a contar con un presupuesto total de $422.5 billones.

Sin embargo, causa inquietud el hecho de que, hasta agosto de 2023, el nivel de ejecución presupuestal por parte del Gobierno apenas alcance el 37%. Esta cifra resulta preocupante, máxime cuando tan solo restan cinco meses para concluir el año y llevar a cabo la ejecución restante.

Tomemos, a modo de ejemplo, el caso del Valle del Cauca. En esta región, la concreción de proyectos se ha visto limitada en áreas cruciales como seguridad, activación del campo, vías terciarias y salud.

Enfatizamos la imperante necesidad de abordar la crisis financiera que aqueja a la red hospitalaria pública, así como la urgencia de mejorar la infraestructura vial, especialmente la puesta en marcha de la vía Mulalo-Loboguerrero, donde la pendiente cofinanciación por parte de la Nación genera inquietud.

A estos desafíos se suman otras obras fundamentales como el proyecto de tren de cercanías, la doble calzada Buga-Buenaventura y el dragado del puerto.

La transformación real en la calidad de vida de los bonaverenses y de todos vallecaucanos radica en la efectiva realización de proyectos e inversiones, no solo de subsidios.

La ciudadanía deposita su esperanza en que el Gobierno nacional genere resultados concretos y un avance palpable en los territorios.

Las expectativas de los vallecaucanos para el segundo año del Gobierno son significativas y anhelamos que se vean correspondidas mediante una más eficiente administración de los recursos destinados al gasto público social.

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