Después de 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, 14 años de la expedición de la Ley de Infancia y Adolescencia y las múltiples políticas públicas, decretos y campañas; es increíble que sigamos buscando herramientas para salvadaguardar la vida e integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes en Colombia.

Sin embargo, las cifras son alarmantes. Entre enero y diciembre de 2019, se practicaron 22.211 examenes médico legales por presunto delito sexual, lo que en promedio significaría que cada hora, 3 niños son víctimas de este flagelo. Lo anterior, sumado que a comienzos de abril del 2020 la directora del ICBF reveló, que más de 1.200 niños han sido violentados y abusados durante la cuarentena.

Así las cosas, el pasado 29 de abril se aprobó en quinto debate el Proyecto de Ley de Prisión Perpetua en el Congreso de la República. Importante iniciativa que buscar eliminar la prohibición constitucional para aplicar la cadena perpetua a quienes cometan delitos de homicidio o actos sexuales abusivos contra niños, niñas y adolescentes.

No obstante, mientras la iniciativa es aprobada, la atención debe ser inmediata. Es deber del Gobierno Nacional y territorial en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y Institututo Nacional de Salud: la coordinación, vigilancia y cuidado permanente de esta población en el país.

La protección al interés superior de los niños debe estar orientado en la transformación de entornos de riesgo en entornos de protección, convertir a las familias en ámbitos de respeto por los derechos de los niños y las niñas, promover escuelas “alarma”, y que los maestros reporten oportunamente los casos sospechosos ante las autoridades. Por lo anterior, el apoyo articulado entre las familias, los colegios, centros de formación, la justicia y las autoridades administrativas es indispensable. Los derechos de los menores de edad deben ser la prioridad.

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