La noticia sobre la despenalización del aborto revivió en mis recuerdos la última actuación de mi amiga actriz Aida Novoa, hace veinte años, escenificando su obra teatral “Danzando sobre los huesos”.

Fue en el marco del X Festival Internacional de Arte de Cali (2001) y su monólogo era en homenaje a Alba Lucía Rodríguez, la joven de 19 años, vecina de la vereda Pantanonegro del municipio Abejorral, Antioquia, que fue condenada a prisión sindicada de asesinar en el vientre a su hija, en hechos ocurridos el 4 de abril de 1996. En realidad, se trató de un parto prematuro que ella misma se asistió en el baño de su casa.

Su embarazo fue producto de una violación en un viaje que hizo a Medellín en busca de trabajo. Seis años después, la Corte Suprema de Justicia declaró la inocencia de Alba Lucía Rodríguez. Con su obra teatral, pocas semanas antes de fallecer, Aida Novoa celebró la decisión judicial y se sumó a la lucha de las mujeres que exigían el reconocimiento de sus derechos.

Hubiera sido grandioso que Aida hoy celebrara con las demás luchadoras el fallo de la Corte Constitucional. Esta decisión judicial le permite a Colombia figurar entre los ocho países latinoamericanos que legislan la despenalización del aborto.

Podríamos afirmar, que sesenta y cinco años después de habérsele concedido a la mujer sus derechos políticos, el reconocimiento de su autonomía representa su mayor logro. Además de conceder un derecho por el que venían luchando, acabará con el negocio de las prácticas clandestinas y la injusticia de recluir en la cárcel a las mujeres que se decidían entre abortar o continuar una maternidad sin ninguna asistencia social que engendrarían hijos destinados a la pobreza y la desnutrición. Las mujeres más pobres eran las condenadas por el delito del aborto, generalmente las desempleadas y las campesinas.

Con su decisión la Corte Constitucional demostró que tuvo que resolver un problema de salud pública escamoteado varias veces por un Congreso de la República, que se exhibe de moralista y protector de la vida, aunque no condenó los excesos de la fuerza pública durante el estallido social.

Durante muchas décadas los legisladores se atrincheraron entre los tres requisitos legales, el embarazo consecuencia de violación, malformación del feto y riesgo de la vida de la madre, para eludir una responsabilidad legislativa de su competencia.

El fallo de la Corte Constitucional reconoce a las mujeres su autonomía para decidir sobre su propio cuerpo. Queda demostrada la importancia y la necesidad de que perduren los órganos superiores judiciales en un Estado democrático moderno, para que se garanticen los derechos.

Esperemos que sus detractores, que vociferan cuando los magistrados investigan sus impunidades, ahora no se pronuncien con los acostumbrados epítetos para señalarles de ateos, de inmorales o de jueces comunistas.

Pero celebrar la despenalización del aborto no puede conllevar al otro extremo de llegar a promover la cultura de una sexualidad sin responsabilidad. Al contrario, ahora con más urgencia se deben revisar los currículos de educación sexual y fortalecer los programas de la planificación familiar.

Esta decisión de la Corte Constitucional requiere que el sistema público de atención a la salud y las entidades prestadoras de salud, asuman el problema del aborto como un servicio de prevención y una obligación clínica de atención quirúrgica a las pacientes.

La sentencia señala que no será delito el que una mujer aborte dentro de sus seis meses de gestación. Que, para hacerlo después, deberá demostrar una de las tres causales predeterminadas. Aida, después de danzar sobre los huesos, celebrará celestialmente.

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