La Constitución Política de Colombia, este 5 de julio cumple treinta años de vigencia y hay quienes piden se convoque a otra asamblea nacional constituyente.

Ellos estiman que se deba reformar o cambiar la Constitución de 1991, sin que ni siquiera haya madurado en su mayoría de edad. Es evidente que tales personajes quieren desconocer el gran pacto social que hace tres décadas dio origen a la nueva primera ley o ley de leyes que reemplazó a la obsoleta Constitución de Rafael Núñez.

La Constitución de 1886 sí era una norma para una democracia restringida, un gobierno autoritario, un poder centralista y unos principios políticos confesionales. En ella los derechos de las personas figuraban sin que la misma Constitución garantizara los mecanismos de protección.

Por eso el clamor del pueblo reclamando una nueva Constitución se acrecentó a finales de los años ochenta, cuando agudizaron los problemas del país y recrudeció la violencia como única forma de afrontarlos.

Colombia entera reclamaba que se relevara esa vieja Constitución aprobada para una nación agraria con rezagos de la Colonia española, y entonces pactó, mediante el trabajo denodado durante seis meses de una Asamblea Nacional Constituyente, esa nueva Carta Magna de 1991 que trazó el camino para la construcción de un moderno país que se alistaría a recibir el segundo milenio.

Eso no lo solicitó un grupo con intereses particulares, sino que fue clamor generalizado a unísono, expresado por los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones populares, los estudiantes, las fuerzas vivas y demás personas con mínima formación.

Al poco tiempo de regir la nueva Constitución Política, vigente desde el 5 de julio de 1991, los colombianos sentimos que empezábamos a caminar en un nuevo país que ampliaba los derechos fundamentales, dispensaba la tutela como la acción inmediata de las personas para exigirlos, institucionalizaba la Defensoría del Pueblo como el nuevo órgano independiente del Ministerio Público que haría pedagogía con los derechos fundamentales, que ampliaba y especializaba las cortes superiores de justicia, que acababa con el bolígrafo que nombraba los alcaldes y los gobernadores, que permitiría elegir congresistas de circunscripciones departamentales y nacionales.

Pero pasadas sus primeras tres décadas, aquellas personas que pensaron sería un estatuto con letra muerta y que esperaban seguirían beneficiándose de las mismas costumbres de otrora, ahora piden que se cambie la Constitución de 1991.

Las primeras voces altisonantes que escuchamos desde el comienzo fue contra la acción tutela, hubo personajes que pretendieron hacernos creer que “la tutelitis” estancaría la justicia, siendo los mismos que por mucho tiempo estuvieron convencidos de que la ley sólo era aplicable contra los de ruana.

Pero la tutela hizo justicia inmediata a muchos colombianos que por la tramitología estaban en riesgo de vulneración inminente de sus derechos y hasta de perder la vida por la ineficiencia de los servicios de la salud.

La Constitución de 1991, entre otras reformas, con la creación de la Fiscalía, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, descongestionó, especializó y dio eficiencia a la rama judicial.

La Constitución de 1991, no ha envejecido, requiere que se reglamente en su totalidad, para que amplíe su espíritu democrático, siga garante de los derechos humanos y continúe la modernización estatal.

En un país en crisis y donde la fuerza se impone sobre el derecho, es imprudente pedir una constituyente. No existe la transparencia de hace tres décadas.

Si hay desconfianza electoral, ¿qué será participar en un acto que decidirá el destino de los colombianos? Defendamos que nuestra joven Constitución no siga siendo violada por los corruptos.

Comments