El debate sostenido entre la doctora Dilian Francisca Toro, Gobernadora del Valle, y el economista Juan Daniel Oviedo, director del Dane, desvirtúa ese falso concepto que desde niños nos hacía entender los censos como la mera cuantificación de las personas que habitamos el territorio nacional. No dimensionábamos las repercusiones del censo, ni que el director del Dane es un funcionario con obligaciones estatales determinadas, tal como les corresponde a los otros, y que velará por los bienes públicos que se le confían.

 Sabíamos que un funcionario incurre en peculado cuando por negligencia deja deteriorar los bienes públicos, fácilmente cuantificables por ser materiales y por los daños ocasionados al sustraerse de la comunidad.

 Las noticias sobre peculados replican con comentarios objetivos. Cosa distinta se dio con lo ocurrido en el censo, que simplemente se tomó como un chiste que nos insinúa más esterilidad en los últimos años y que a la gran mayoría de los colombianos nos hizo preocupar por sentirnos parte de la población envejecida. Pero sucede que, si las estadísticas poblacionales no fueron exactas, tal fenómeno sucedió por negligencia en la administración y ejecución de los procesos empadronadores, que deterioraron la cuantificación de los insumos, que provocan daños irreparables al distribuirse los recursos oficiales.

El director del Dane no ejerció idóneamente sus funciones, ni veló eficazmente por la pulcritud de esos bienes inmateriales intangibles del Estado. Sus explicaciones sobre comportamientos de las tendencias y las aproximaciones de sus cifras que caracterizan al simpático funcionario, esta vez no calaron. La Gobernadora le reclamó que sumara los 500 mil usuarios de la salud eliminados del censo.

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