He perdido la cuenta de los bloqueos de vías en estos pocos meses del 2023.
En enero hubo 81; en los primeros 10 días de febrero fueron 40; los bloqueos por cuenta del paro minero paralizaron 10 municipios antioqueños por dos semanas. Ahora llevamos 72 horas con el puerto de Buenaventura bloqueado.
Colfecar estima que en promedio son tres bloqueos diarios por cuenta de las protestas sociales.
Las comunidades ahora gobiernan al gobierno.
El alto gobierno se volvió el lacayo de quienes tienen algún tipo de reclamación.
Petro validó el bloqueo de vías y ahora los ministros deben salir corriendo a “negociar” con Raimundo y todo el mundo.
La Policía y el Ejército se volvieron convidados de piedra.
Las pérdidas son millonarias y las pagaremos todos los colombianos.
Aceleradamente nos estamos volviendo un país anárquico, sin poder público.
Estamos dominados por mafias con capacidad para manipular e intimidar miles de personas como en el bajo Cauca antioqueño; por grupos de “campesinos” que pueden secuestrar policías y quemar infraestructura o por “minorías” que tienen derecho a paralizar la economía del sur occidente.
Los colombianos debemos someternos a pagar precios más altos por cuenta de los incrementos en los costos de transporte, debemos plegarnos a caravanas humanitarias custodiadas por el Ejército para movilizarnos o confinarnos en nuestras casas por cuenta de la visión que tiene el gobierno de la protesta social, que lo lleva a no defender el interés común y a olvidar otros derechos.
El Congreso está aprobando el plan de desarrollo, ¿Para qué? ¿Qué plan va a ejecutar el gobierno si la agenda se la pondrán los bloqueadores?
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