El año pasado con un decreto se suspendieron las clases y se confinó a los estudiantes. El Covid-19 apenas arribaba a nuestro país. Ahora, con otro decreto, se cita a la alternancia. Hace un año quería evitarse el contagio, calculando un impacto efímero. Hoy los contagios son inminentes, con cifras ascendentes y consecuencias letales.

En el año lectivo 2020, maestros y alumnos se adiestraron en el dominio de la comunicación virtual y cumplieron con los planes curriculares. Esa experiencia permitió iniciar este 2021 con clases virtuales mejoradas. Sin embargo, ahora la orden es pasar a la alternancia. Esto genera expectativas y requiere de decisiones institucionales.

La alternancia deberá cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Una fundamental es el distanciamiento y les tocará a los docentes repartirse para dictar las clases presenciales y las virtuales. Si, por ejemplo, son 30 estudiantes por grupo y el área del salón es de 20 metros cuadrados, en promedio cada tres días llegarían 10 alumnos.

¿Quién atenderá el restante 70 por ciento? Los alcaldes decretan pico y cédulas, toques de queda y confinamientos, porque las reuniones son focos de contagios. Es urgente la socialización de los niños, pero… ¿se les garantizaría con uso de tapabocas, distanciados y sin darse la mano? En alternancia, más que explicar sus temas, a los docentes les tocaría estar muy pendientes que los pupilos no se descubran. En esta guerra contra un enemigo invisible, los establecimientos educativos sin bioseguridad serían como campos minados. Evitemos que niños, docentes y familias sean blancos del Covid-19.

Primero el derecho a la vida.

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